Puede que la débil confianza en nuestros agentes económicos que dictaminara el FMI en su última declaración esté sustentada en la insostenibilidad presupuestaria que caracteriza el desempeño gubernamental desnudado en el reciente informe de ejecución presupuestaria publicado por la DIGEPRES.

Dicho informe contiene informaciones de ingresos y gastos entre enero y mayo que comparados con  previsiones establecidas en el Presupuesto Nacional arroja desviaciones deficitarias del 24.4%, tomando solo en cuenta cargas fijas y servicio a la deuda pública; excluyendo inversiones.

Esta desviación se origina al decaer el promedio mensual de ingresos obtenidos en los cinco meses del año (RD$30,300 millones) un 5.7%  con relación al promedio mensual de las estimaciones (RD$32,000 millones). Y al incrementarse 18.7% el promedio mensual de gastos efectuados (RD$32,400 millones)  con relación al promedio mensual presupuestado (RD$27,300 millones).

La situación puede ser más desfavorable teniendo en cuenta partidas especiales de fin de año como la regalía; y que durante la primera parte del año se produjeron contribuciones no necesariamente repetibles sobre el ISR, amnistía fiscal y anticipos. Tampoco se ha tenido debidamente en cuenta que incentivos anteriores se han convertido en recaudos  “devolutibles”.

En términos absolutos estas desviaciones entre la ejecución real vs. lo presupuestado arroja un discrepancia mensual de RD$6,287 millones provocador de un desbalance presupuestario anual de RD$82,000 millones; dibujando un peligroso cuadro de insostenibilidad que solo puede soportarse con endeudamientos.

Pero ya a finales del pasado año, el FMI apreciaba necesidad de detener el sobre-endeudamiento de la nación que ellos mismos habían previamente alentado en circunstancias que la deuda pública, de diciembre a hoy, se ha incrementado en US$3,000 millones.

Un cuadro así en ámbitos privados conllevaría un  virtual estado de quiebra. Hasta ahora no se ha aplicado a entes públicos aunque ha tenido expresiones alternativas expresadas en castigos financieros a través de altos costos en el suministro de recursos financieros mediante las denominadas “primas de riesgos”; o bien se expresan mediante amenazas de desintegración o aislamiento, como ha sucedido con algunas naciones europeas previamente administradas en medio de boatos financieros.

Sin embargo en los EEUU acaba de sentarse un precedente cuyas repercusiones todavía no pueden medirse: la ciudad de Detroit acaba de solicitar acogerse a la ley de bancarrota norteamericana.

Como muchas experiencias domésticas de esa nación suelen ser extrapoladas internacionalmente,  debemos procurar que la insostenibilidad presupuestaria que nos afecta sea detenida para evitar proposiciones relativamente similares que afecten nuestra subsistencia como nación libre y soberana.

Sobre todo frente a un Haití que sigue embistiéndonos comercialmente con señales de anuencia de potencias extranjeras, mientras prosigue una preocupante abulia nacional.