Esta adelantada e incongruente campaña proselitista ha traído varias incógnitas que sería dable que tanto la Junta Central Electoral (JCE), como los partidos políticos y hasta los mismos candidatos deberían esclarecer toda sospecha de utilización de fondos públicos, ayudas comprometedoras y hasta de privilegios en su distribución.

Ya escribimos que aplaudimos la decisión del Tribunal de Santiago que ordenó la retirada de toda propaganda partidista que se convirtiera en un atentado visual. Esta misma decisión la ha tomado en Santo Domingo y todo el territorio nacional el departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Desde el punto de vista legal, la campaña electoral debe iniciarse 90 días antes del 16 de mayo, fecha en que se celebrarán las elecciones para elegir los funcionarios que dirigirán el país por los próximos cuatro años. Sin embargo, apenas habían transcurrido unos días desde las últimas elecciones en el 2012, cuando empezaron a aparecer afiches, vallas y demás objetos con fines propagandísticos para diferentes candidatos que pretenden ser elegidos en las elecciones del 2016.

En nuestro país todo el mundo se conoce, por eso ha resultado extraño que candidatos que hace poco tiempo no tenían un patrimonio propio y que habían llegado con una mano delante y otra atrás, tapándose las partes pudientes, ahora se exhiben en inmensas vallas con sus retratos, acompañado de la enseña del partido y un eslogan de campaña alusiva a los dotes personales y a las acciones que piensan emprender si son favorecidos con el voto popular.

Las primeras que vimos correspondían al senador Reynaldo Pared, con su “Lo mejor está por venir”. ¡Cuánta pretensión! El candidato Temístocles Montás se auto da coba con “Por un país justo”, lo cual deja entrever que actualmente es injusto y él pondrá un alto a esa injusticia.

El Ministro de Turismo también ha desplegado inmensas vallas en todo el territorio nacional alabando su gestión y presentándose como el candidato idóneo. En nuestra anterior entrega mencionamos el candidato del PRD, Miguel Vargas Maldonado con “Dímelo” y el candidato del PRSC, Quique Antún “Con llegó la hora”.

Como la JCE aparentemente no lleva un control del dinero que suministra a los partidos políticos, sobre todo en lo que lo invierten, debemos deducir que esas enormes vallas, que cuestan entre RD$200,000 y RD$400,000, salen de esos fondos entregados a los partidos para su promoción, no la de los candidatos con sus figuras sonrientes. Estos candidatos, que hace poco eran unos pelagatos, que no pueden justificar sus fortunas, ya que no la han trabajado, heredado o ganadas en la lotería, se burlan de la ciudadanía promocionándose con el dinero de los que pagamos los impuestos.

Por supuesto, el presidente de la JCE electoral no los puede llamar al orden o sancionarlos, ya que él mismo dilapida más de 450 millones de pesos para su promoción y después alega que no tiene fondos para sufragar las elecciones. Ya que él no tiene autoridad o no le interesa crease enemistadas indagando la procedencia de tan cuantiosos recursos, sería una oportunidad de oro para que intervenga la Cámara de Cuentas y enderece este entuerto.

Lo peor del caso fue que se adelantaron a los acontecimientos, ya que con la modificación de la Constitución para permitir la reelección del presidente Medina, de seguro se quedarán todos como “perico en la estaca”. Por eso, los que se gastaron olímpicamente los dineros de los contribuyentes para ahora darse cuenta que todos esos esfuerzos fueron en vano, deberían obligársele a recogerlos o de lo contrario se le impediría concurrir a las elecciones. Entonces, dónde ocultará el rostro del candidato “E pa’lante que vamos”.

La ciudadanía debería ponerse de acuerdo para emitir un voto castigo a todos aquellos candidatos que adelantaron sus apetencias. Es por eso que estos políticos que dirigen la nación, especialmente los congresistas, se oponen a votar la Ley de Partidos Políticos, que pondrá fin al desorden y al derroche de recursos necesarios para nuestro desarrollo.