El llamado a la cumbre del liderazgo político y social para acordar reformas claves en nuestro sistema político, independientemente de sus resultados, constituye una oportunidad para plantear en un escenario abierto, temas que se discuten en escenarios relativamente cerrados tanto en instituciones del Estado, como en la academia y en diversos foros.

Es el caso de los temas del espacio urbano y del territorio, de los cuales se debate sobre su significado, funciones, cómo se producen y quién o quiénes están o no investidos de autoridad para intervenir en su necesaria regulación. Estas cuestiones son claves para la institucionalización del país y de alguna forma podrían integrarse al debate de las reformas planteadas por el presidente Abinader.

Entre esas discusiones, sobresalen los temas del ordenamiento territorial, de los contenidos de una nueva ley sobre el régimen local y de las competencias que, basado en esta, de una u otra manera tendrían determinadas instituciones del Estado; además de diversas cuestiones relativas a la movilidad urbana e interurbana.

Indiscutiblemente que en esas discusiones salen a flote nuestros alcances y limitaciones del conocimiento que tenemos en torno a esas cuestiones. De igual manera, se evidencian importantes equívocos, reales y aparentes para esconder/justificar la voracidad de quienes del espacio y el territorio han hecho una invaluable fuente de acumulación originaria de capital y/o de poder político.

A partir de los años 90, el capital extranjero y nacional han entendido que más que la producción de bienes y servicios, es el territorio la mayor fuente de riqueza, para lo cual demanda al Estado grandes inversiones en la construcción de infraestructuras: carreteras (grandes y pequeñas), puentes, variados sistemas de comunicación para, través del tiempo, acortar las distancias espaciales y maximizar la explotación de la diversidad de atributos de los territorios.

Hoy día, existen grandes empresas o grupos que disponen de mayores recursos económicos que cualquier provincia, región o incluso que estados/nación. Su poder lo entienden ilimitado, no sujeto a principios o leyes de autoridad alguna.

Esto plantea el tema de la soberanía nacional sobre los espacios de vocación minera, turística, agrícola, etc., y del papel de los municipios, en tanto principales gestores del territorio, en el diseño de una ley de ordenamiento de las actividades productivas, de sus vocaciones y los costes sociales de las externalidades derivadas de esas actividades. De eso dependerá la eficiencia y sostenibilidad de esa ley.

Tema del espacio urbano cabe en discusiones sobre reformas

Hay empresas que superan a regiones y hasta Estados en recursos económicos

El capital entiende que el territorio es ahora la mayor fuente de riqueza