Nuestro colaborador Nelson A. Suárez, un distinguido economista especializado en finanzas públicas, publicó el sábado en este diario un interesante análisis sobre la recaudación potencial y la recaudación ejecutada, el año pasado, del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Según sus resultados, a pesar de los grandes esfuerzos y logros de la Dirección General de Impuestos Internos, la evasión sobrepasa el 43%.

Si el cálculo del profesor Suárez es correcto, entonces el fisco habría perdido un poquito más de 53 mil millones de pesos.

Se conoce que el tema de la evasión fiscal en el país es peliagudo y polémico. Pero lo cierto es que ha existido y existe todavía, y que es una modalidad que tienen algunos sectores de la economía y profesionales liberales para acumular fortunas.

Cuando se suman estas evasiones a las exenciones que el Estado otorga a determinadas actividades, con el propósito legítimo de impulsar unos sectores económicos o geográficos, se observa que los Gobiernos dejan de percibir tantos recursos financieros como los que recaudan.

Si las cifras aportadas por Suárez son correctas, entonces habría que convenir en que el Gobierno puede, en vez de ceder a la tentación del camino fácil de crear nuevos impuestos o elevar los existentes, profundizar la administración de los ya existentes.

Grandes esfuerzos

Nadie puede negar en este país los extraordinarios esfuerzos de la Dirección General de Impuestos Internos para reducir la evasión fiscal. En los últimos años se han tomado medidas de todo tipo, en el área de los recursos humanos, en la capacitación, en la dotación de un modernísimo parque tecnológico, en la modificación y simplificación de los procedimientos, etcétera. Y los frutos se han visto. En efecto, en enero del año pasado don Juan Hernández, el talentoso director de la DGII, informó que la evasión fiscal había bajado de 43% a 24%. Un gran Logro.

La otra cara

El mejor incentivo al pago de los impuestos, al cumplimiento de las obligaciones tributarias, es el buen uso de los fondos públicos, de los montos recaudados. Los ciudadanos y las ciudadanas esperan que sus sacrificios sean compensados de forma adecuada.