COSETTE ALVAREZ
Sonrío por la publicación y los efectos naturales, mejor conocidos como bochinches, de las conclusiones del PNUD sobre nuestra situación de pobreza. Hasta le vamos a perdonar que, entre muchos otros, dejaran fuera a los uniformados (policías, militares y clericales) cuyo nivel de ingresos declarados contrastan con su nivel de vida, en el entendido de que pueden ser considerados tanto empresarios como políticos. Dos categorías son suficientes, y puede que esté sobrando una, cualquiera. Cuando tengan las soluciones, más la decisión de ponerlas en ejecución, nos avisan.

Mientras tanto, completamente gratis, y “poniendo de lo mío”, comparto algunos párrafos adaptados de un trabajo de Alicia Ziccardi sobre pobreza urbana y exclusión social.

Al igual que otros países, durante el siglo pasado, el nuestro pasó de ser predominantemente rural a predominantemente urbano, por lo que gran parte de nuestra pobreza también es urbana, recrudecida al añadirle un ingrediente de exclusión social y empeorada por la falta de transformación del sistema político.

La pobreza urbana, que contrasta con verdaderos enclaves de riqueza comparables a los de cualquier gran ciudad del mundo, y hasta con los niveles de vida cada vez menos aceptables para las clases medias, es un estado de privación asociado a condiciones de empleo, subempleo e informalidad que coloca a los trabajadores y sus familias en una situación de precariedad.

La noción de exclusión social, en cambio, amplía el concepto de pobreza incorporando otras dimensiones no económicas de este fenómeno.

La incorpora la sociología francesa cuando se observa que existe un desempleo de larga duración, que un número considerable de personas no tienen vivienda, que existen nuevas formas de pobreza entre inmigrantes, mujeres y jóvenes, que el Estado –¿benefactor?– se reestructura ante la crisis fiscal y que los sistemas de la seguridad social ceden paso a la solidaridad para atender la cuestión social (Rosanvallon, P. 1995). 

En América Latina, la noción de exclusión se aplica a la situación de precariedad y deterioro en las condiciones de vida que han debido aceptar siempre grandes mayorías, y que se ha agudizado con la adopción de políticas económicas neoliberales. El derecho al trabajo, aunque reconocido en las leyes máximas de nuestros países, nunca estuvo garantizado al conjunto de la ciudadanía y esta situación ha sido similar para otros bienes básicos.

Actualmente, las preocupaciones en América Latina se basan, no sólo en describir el mapa de la pobreza y la exclusión, sino en aprehender los graves procesos de desigualdad económica y social que hace de nuestras sociedades un espacio social profundamente dividido, segmentado, confrontado, no sólo por las condiciones estructurales de trabajo y de vida, sino por un conjunto de prácticas sociales que generan la discriminación a que están sujetas las clases populares.

Por eso, la exclusión social, aunque es un concepto desarrollado originalmente para un contexto económico social muy diferente, obliga a incorporar estas preocupaciones en la reflexión conceptual, así como también en la actuación de los gobiernos y organismos internacionales.

En este sentido, la pobreza supone complejas prácticas sociales, económicas y culturales que generan exclusión social, o acceso limitado a los beneficios del desarrollo para ciertos grupos en función de su raza, etnia, capacidades físicas o género. Así, en el interior del conjunto de las clases populares, deben reconocerse grupos sociales que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social: los campesinos, las mujeres, las personas con discapacidad o VIH positivas, los menores, que pasan a ser sujetos de atención de políticas sociales particulares.

Existe cierta relación entre pobreza y exclusión social, aunque no necesariamente se debe ser pobre para ser excluido. Lo que sí parece bastante generalizado es que sean los más pobres entre los pobres los más excluidos, o los excluidos en un mayor número de esferas de la vida económica y social. Lo cierto es que los procesos que generan exclusión social no sólo pertenecen al ámbito de lo económico (desigualdad salarial por género u origen étnico), sino también de lo político (carecer de documentos que permitan ejercer sus más elementales derechos), de lo  social (discriminación en el acceso a espacios públicos) y de lo cultural (limitado acceso a la cultura) (Ziccardi, Alicia 1999). Todo ello impide lograr aceptables niveles de cohesión social. Por el contrario, alimenta conflictos sociales.

En síntesis, los fenómenos como pobreza y exclusión exigen un análisis que logre hallar la relación entre insuficiencia de ingresos, informalidad en el empleo, bajas remuneraciones, deficiencias alimenticias, bajo nivel educacional, discriminación por origen étnico, por género, por discapacidad, segregación espacial, acceso a los servicios básicos. De paso, ocuparse de la absoluta falta de bienestar rural.

Ante los elevados niveles de pobreza y exclusión social existen las denominadas políticas de necesidad cuyo objetivo es redistribuir para generar mayor igualdad social y urbana y por esa vía lograr una mayor inclusión social. Pero no son políticas simples de distribución de recursos, sino políticas complejas que implican la articulación de diferentes acciones, el trabajo en red, la creación de un nuevo estilo de relación entre gobierno y ciudadanía, acciones no sólo dirigidas a los beneficiarios, sino al conjunto de la sociedad, y políticas de inclusión de los barrios populares en el tejido urbano de la ciudad, que debería ser un logro consolidado institucionalmente.

Es tarea de las políticas sociales del gobierno ejecutar una acción pública social que permita garantizar a toda la población, no sólo las bases de supervivencia, sino también acciones directas de inclusión social tendientes a lograr una mayor equidad social y urbana para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, cada vez menos reconocidos en la legislación nacional.