Para las elecciones congresionales y municipales del año 2002 el presidente Mejía se propuso como prioridad el control del Congreso. Para ello, concentra todos sus esfuerzos en esa dirección y obtiene 29 senadores y mayoría en la Cámara de Diputados. Aunque los resultados parecían una gran victoria, cuando se analizaban fríamente los datos se descubría que había situaciones muy preocupantes. Pero los estrategas de Mejía sabían hacia dónde se dirigían.

Un tiempo después iniciaron los preparativos para reformar la Constitución, y para ello contaban con el favor del doctor Joaquín Balaguer, quien vio una gran oportunidad para reivindicarse y a la vez vengarse de los perredeístas, que lo habían sacado del poder e impedido repostularse por la reforma aupada por Peña Gómez. Se dice que los votos que faltaban fueron conseguidos mediante transacciones de todo tipo. Ahí se inició el principio del fin.

En primera instancia, Mejía quería seguir en el carguito, y en caso de perder tendría el control del partido tras abandonar el poder. Pero aquel proyecto reeleccionista estaba coincidiendo con una dramática crisis dentro del sistema bancario.

Para las elecciones que acaban de transcurrir el presidente Fernández y sus estrategas se propusieron lo mismo que se propuso Mejía en el 2002. Las razones son simples: es un período de seis años y el control del Congreso permitirá conformar a conveniencia los demás poderes del Estado.  Los resultados están ahí. Lo que falta por ver qué hará el presidente Fernández con ese cheque en blanco que le ha extendido el electorado.

Pero ya advertimos de que han empezado las voces de los corifeos a proclamar la necesidad de que se modifique la Constitución para que se permita la repostulación del actual mandatario. En caso de que eso sucediera, las consecuencias podrían ser dramáticas. En primer lugar, tendríamos que volver hacia atrás lo consignado en la nueva Constitución, una obra del presidente Fernández que todavía no tiene ni un año de vigencia.

Segundo, las luchas internas se agudizarían en el PLD. Además, y esto lo considero lo más importante, las endebles instituciones del sistema democrático podrían colapsar, porque imponer una reelección mediante plebiscitos y  modificaciones constitucionales resulta una tarea titánica. Asimismo, una repostulación del presidente Fernández para el 2012 podría tener consecuencias catastróficas dentro del sistema de partidos, y sin ser zahorí me atrevo a postular que podría empezar un proceso de decadencia que los llevaría a su total descalabro. Y en ese sentido siempre expreso que los políticos dominicanos están convencidos de que aquí nunca va a suceder nada, que nuestro sistema partidario está definitivamente blindado. Y están equivocados.

Ante estos planteamientos uno puede preguntarse ¿vale la pena poner en riesgo tantas cosas fundamentales por dirigir cuatro años más a una nación que casi con certeza lo volvería elegir en condiciones más propicias?