En este país no hay bien o servicio que no haya sido afectado por alzas de precios con un alto componente especulativo.

Lo peor de todo es que la gente no tiene instancia a la que se pueda acudir con la esperanza de que se defienda el presupuesto familiar.

El comercio y la industria viven indexando, a veces de manera exagerada, su pérdida de rentabilidad, pero los niveles salariales se mantienen estáticos mientras el costo de la canasta familiar sube y sube.

El Estado exhibe holgura en sus recaudaciones y maneja excedentes de miles de millones de pesos, y ejecuta gastos que, al decir de muchos, son excesivos.

Es hora de mirar hacia los salarios con ánimo de un incremento general de justas proporciones, que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en varios años.

Hay un movimiento sindical que aspira a un alza general de salarios de un 30 por ciento. Hay una parte del sector empresarial que siempre opone resistencia a aspiraciones de este tipo.

Es de sano juicio que en un país en el que todo sube de precio y donde nadie impone los controles necesarios, se indexe en las justas proporciones el poder adquisitivo del salario, del cual, a fin de cuentas, se exprime una buena parte de los ingresos fiscales.

En estos tiempos, un alza general de salarios sería un acto de justicia.

Risibles formalidades

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ha decidido oficializar la apertura de la campaña electoral a partir del miércoles 16 del presente mes.

Con esta decisión se cubre una risible formalidad, pues, por cuenta propia y por encima de la voluntad de la JCE y de la sociedad, los partidos políticos hace meses que están dedicados a una campaña electoral basada en descalificaciones groseras y vaguedad en el mensaje.

Estas risibles formalidades son las que se derivan de los consensos con los cuales las propias autoridades devalúan las facultades que les otorgan las leyes. Dejan la impresión de que prefieren estar bien con Dios y con el diablo, antes que imponer el mandato de la ley.

Por esa razón no ha habido manera de reglamentar la vigencia y ejercicio de los partidos políticos, y son éstos los que determinan lo que debe hacerse. Si no, que diga la JCE por qué el reglamento de campaña sucumbió ante la presión de las organizaciones políticas.

Ahora, el miércoles próximo, el país será testigo del espectáculo que dejará formalmente abierta una campaña electoral que, de tan vieja y bulliciosa, está inscrita entre los principales factores que han erosionado la confianza de los capitales nativos y extranjeros en las expectativas de la economía.