Empecemos con la Barrick. Durante meses ha estado en la palestra nacional el debate sobre la pertinencia del contrato con la Barrick Gold y la conveniencia de renegociarlo para adecuarlo, no solo a los mejores intereses del país, sino a la sana práctica  internacional. En cualquier país del mundo se entendería que si un contrato en algún momento no se ajusta a la realidad, o fue mal concebido y aprobado, pudiera procederse a una renegociación en que los partícipes, socios en definitiva, sientan atendidos sus intereses legítimos.

Ese razonamiento, quiero suponer, estuvo presente en quienes accedieron a revisar el contrato inicial en el 2007. Se pudo no acceder y la empresa decidir, como opción de negociación, ejercer presión amenazando, y hacerlo, retirar la inversión. Era su derecho. Si en ese proceso de renegociación la parte dominicana negoció mal, el que le dio el visto bueno final se equivocó y los que tenían que revisarlo y darle la aprobación final no jugaron su papel y si, además, el entorno y condiciones del negocio en cuestión variaron, nada más sensato y racional que revisar el contrato, que de eso es de lo que se trata, para introducirle los ajustes que correspondan de manera que las dos partes salgan gananciosas. No solo el gobierno tiene que cuidar el clima de inversión. Resulta inexplicable conceder la posibilidad de recuperar la inversión, muy cuantiosa, en solo dos años. Difícilmente encontremos antecedentes iguales en la práctica universal ni siquiera para inversiones menores. La Barrick, y cualquier otra empresa que invierta en el país, tiene que obtener adecuada rentabilidad como también el Estado receptor tiene que recibir beneficios adecuados, para eso se abre a la inversión. 

Realmente huele mal que no se quiera negociar, hasta donde se sabe el gobierno no ha presentado como hecho consumado lo que quiere; simplemente está invitando a sentarse y de buena ganas y de conjunto encontrar soluciones viables para el país y  crear al inversionista un clima propicio de trabajo. ¿ Por qué no negociar? Se intentó un soborno, llamémoslo por su nombre, quizás planteado con “delicadeza” y hasta quizás “sin intención de ofender” pero soborno al fin, pretender consolar adelantando el pago de impuestos futuros. Creo que el Presidente lo trató con mucha altura para no dañar, precisamente, el ambiente de negociación. Un gobierno que se respete tiene derecho a considerar opciones si no se atienden sus preocupaciones. No solo gobierno, sino todas las instancias nacionales deben tener sentido de dignidad nacional.

No menos inexplicable es que en unos casos si y en otros no, me explico saltando a la 28-01. Sectores empresariales reclaman revisar la Ley de Desarrollo Fronterizo 28-01 a la cual están acogidas decenas de empresas nacionales y extranjeras. Posiblemente el reclamo sea legítimo, amerita otro análisis, pero como no reconocer amenaza a la seguridad jurídica, en este caso, al cambiar condiciones inicialmente contratadas para esas empresas. Vaya contrasentido de algunos sectores empresariales. O quizás vaya “contra intereses”.