JUAN TEMÍSTOCLES MONTÁS
LO QUE ENCONTRAMOS.- Hace un año, los desafíos a que se enfrentaba la nueva Administración del PLD que asumía el manejo del gobierno eran tremendos. El socavamiento de la confianza y la credibilidad en la idoneidad del manejo económico por parte de las autoridades perredeistas y el incumplimiento de dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en menos de un año habían conducido a la pérdida de la estabilidad macroeconómica y la comunidad financiera internacional había colocado a nuestro país en la lista negra en que se colocan los países incumplidores.

En este contexto, la República Dominicana se había convertido en el segundo país más riesgoso en términos económico en América Latina, solo superado por Argentina. Habíamos pasado de un país al que todo el mundo le quería prestar, según las propias palabras del ex presidente Hipólito Mejía en Jamaica, a otro al que nadie le quería prestar en condiciones razonables.

En la raíz de todo esto estaba el manejo irresponsable de la política económica y en un rescate bancario que se hizo sin tomar en cuenta para nada la Ley Monetaria y Financiera, convirtiendo un problema de naturaleza privada en un asunto público de tal envergadura que terminó arruinando a prácticamente toda la sociedad dominicana. Ocurrió, entre otras cosas, lo inaudito, lo que no se había producido en ninguna parte del mundo: el rescate de los que tenían sus recursos en bancos off shore, entidades que operan fuera del territorio nacional sin ningún control de las autoridades del país.

Una consecuencia inmediata de estos desaciertos fue que se produjo una enorme depreciación de la moneda nacional entre marzo del 2002 y mayo del 2004 y una alta inflación que pasó de un promedio anual del 5 por ciento en el 2002, al 27 por ciento en el 2003, y a 52 por ciento en 2004.

La depreciación de la moneda provocó la elevación de los precios de los combustibles por encima de los incrementos de los precios mundiales del petróleo, agravándose las dificultades financieras del sector eléctrico lo que condujo a la quiebra de todos los sectores involucrados en el negocio eléctrico. En este escenario, entre el 18 de mayo y el 16 de agosto del 2004 el país estuvo prácticamente apagado. De igual manera, la depreciación del peso, unida a la política irresponsable de endeudamiento, aumentó en forma significativa el peso de la deuda externa en el Producto Interno Bruto de 21.5 por ciento en 2002 a 36.6 por ciento en 2003, bajando a 33.5 por ciento en el 2004.

El déficit fiscal del gobierno central pasó de representar -2.2 por ciento del PIB en 2002 a -4.5 por ciento en 2003, colocándose en -2.9 por ciento en 2004. De igual manera, el balance primario del gobierno más que se duplicó en 2003, alcanzando -3.3 por ciento del PIB y manteniéndose negativo en un 1 por ciento en 2004.

Como resultado del rescate bancario, los certificados del Banco Central, que en 2002 apenas totalizaron 6 mil 905 millones de pesos, se colocaron en 60 mil 8 millones de pesos en 2003, casi 10 veces mas que en el año anterior, y para el año 2004 el monto de dichos certificados se acercaba a los 100 mil millones de pesos. Esta situación produjo una expansión significativa de los agregados monetarios, producto de las emisiones inorgánicas, que impactó adversamente la tasa de inflación y el tipo de cambio. Así las cosas, el déficit cuasi-fiscal del Banco Central se elevó de 0.3 por ciento del PIB en 2002 a 2.6 por ciento en 2003 y para el 2004 se estimó que alcanzaría 4.0 por ciento del PIB.

De esta manera, el déficit público total, incluyendo al Banco Central, pasó de representar -2.6 por ciento del PIB en 2002 a un explosivo e inmanejable -7.5 por ciento en 2003 y a -6.7 por ciento en 2004.

Otro resultado inmediato del masivo rescate bancario fue que la deuda doméstica, que al finalizar el 2002 representaba el 5 por ciento del PIB, pasó a representar el 18 por ciento del PIB en el 2003 y para 2004 se estimaba que representaba cerca del 19 por ciento. La suma de la deuda externa y la deuda doméstica subió de manera drástica de 26.5 por ciento del PIB en 2002 a 54.6 por ciento en 2003 y para el 2004 representaba el 52.5 por ciento del PIB.

Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, el Banco Central se vio en la obligación de hacer uso de sus reservas internacionales. Así, las reservas internacionales netas de esa entidad, que en 2002 totalizaron 356 millones de dólares, se desplomaron a -96 millones de dólares en 2003 y en medio de la hecatombe de la economía el Banco Central se vio obligado a pagar por los certificados que emitía tasas de interés por encima del 60 por ciento.

Todo lo señalado se reflejó en una desaceleración del crecimiento económico de forma tal que luego de mas de una década de crecimiento positivo, la República Dominicana se enfrentó de nuevo a un crecimiento negativo en 2003, cosa esta que no ocurría desde 1991.

La situación descrita propició un significativo aumento del desempleo. En efecto, el desempleo ampliado que para abril del 2002 era 16.08 por ciento, pasó a 19.69 por ciento en octubre de 2004. Esta realidad, unida al hecho de que, como consecuencia de la crisis económica, se había producido una reducción promedio de más de 30 por ciento en los ingresos reales de los hogares, propició un fuerte incremento en los niveles de pobreza. El PNUD estimó que aproximadamente 1 millón 500 mil dominicanos cayeron en la pobreza y de ese total cerca de 700 mil pasaron a ser pobres de solemnidad.

En síntesis, una década de crecimiento y estabilidad había sido tirada por la borda.

El perredeismo gobernante había producido de nuevo el derrumbe económico del país y sus consecuencias, que tomará tiempo enfrentar, muy bien pudieran se catalogadas como un verdadero genocidio social. El periodo constitucional 2000-2004 constituye un periodo perdido para el desarrollo del país en todos los órdenes. Esta cuestión no debería ser nunca olvidada por los dominicanos.

En lo que tiene que ver con las instituciones, un informe del Banco Mundial de principios de 2004 daba cuenta que la República Dominicana estaba por debajo del promedio tanto a nivel mundial como en América Latina y el Caribe con respecto a la efectividad del Gobierno, el estado de derecho y el control de la corrupción, y también obtenía una pobre puntuación en términos de regulaciones sobre el inicio de negocios y en cumplimiento de contratos. El informe citado señalaba que el país necesitaba mejorar el marco institucional y regulatorio para permanecer competitivo ya que de no hacerlo muchas empresas abandonarían el mercado, eliminando empleos y reduciendo los ingresos gubernamentales.

El Índice de Percepción de la Corrupción que publica la organización Transparencia Internacional, y que mide el grado de cómo se hace uso de la función pública para beneficio privado, daba cuenta en Octubre 2004 que la puntuación de República Dominicana era de 2.9, lo que significaba que nuestro país se ubicaba entre los países con «corrupción rampante» ya que una puntuación por debajo de 3.0 es considerada por la mencionada organización como «corrupción rampante».

Por otra parte, la República Dominicana estaba clasificada por debajo de los promedios regionales de América Latina y el Caribe en todos los indicadores de gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial. En ese sentido, el sondeo «La IV Encuesta Nacional de Cultura, Política y Democracia», llevada a cabo entre el 20 de enero y el 3 de marzo de 2004 por el Centro Universitarios de Estudios Políticos y Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM, y el Centro de Estudios Sociales y Demográficos, CESDEM, daba cuenta que la Presidencia de la República tenia la menor credibilidad de todas las instituciones en el país, seguida del Congreso, la Policía, la Justicia y los Síndicos y Regidores.

En resumida cuenta, mientras mucha gente lo pasaba por alto, la chabacanería y la atipicidad habían sentado sus reales a nivel institucional con su secuela de descrédito en las entidades básicas del sistema democrático.

LO QUE NOS PROPUSIMOS

Frente a esa hecatombe nacional, durante la campaña electoral del 2004 Leonel Fernández le propuso a los dominicanos un programa de gobierno en el cual se priorizaban cuatro áreas fundamentales:

1. Restablecer la Estabilidad Macroeconómica y Reiniciar el Crecimiento, para lo cual se le daba énfasis a temas claves tales como política económica, política fiscal, gestión del endeudamiento público y gestión del gasto público.

2. Consolidar la Gobernabilidad Democrática mediante el Fortalecimiento de Instituciones Básicas de Régimen Republicano, identificándose una serie de áreas claves que incluían la reforma política, la reforma de la administración pública, la reforma del poder ejecutivo, la reforma de poder legislativo, la reforma del poder judicial y la reforma municipal. Se expresaba que las reformas en estas áreas se orientaban a lograr una «mayor y mejor democracia».

3. Suscitar un mayor nivel de cohesión social y territorial en la sociedad dominicana para lo cual se enfocaba de manera prioritaria las políticas sociales pero se incluían también políticas medioambientales y de planificación del uso de suelo. El compromiso básico era detener la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida y promover políticas que reduzcan las desigualdades sociales, entre otras políticas.

4. Mejorar la competitividad de la economía dominicana en el plaño nacional e internacional, enfatizando tres áreas críticas de política: Comercio Internacional, Zonas Francas y Turismo, dentro de un marco de sostenibilidad ambiental.

La recuperación de la estabilidad macroeconómica se consideraba como la condición básica para reiniciar el crecimiento y esto significaba que había que abatir la inflación, estabilizar la tasa de cambio y devolver la confianza de los actores económicos en las políticas públicas. Todo esto se asumía como una meta de corto plazo y Leonel Fernández las convertía en la prioridad numero uno del nuevo gobierno que se inauguraba el 16 de agosto del 2004.

QUE HICIMOS

Asumido todo lo anterior, el 16 de agosto del año pasado, cuando Leonel Fernández asumió la presidencia de la República sabía muy bien que tenía un mandato de los dominicanos de sacar al país de la peor crisis económica sufrida en décadas y que tenía que preparar el camino para una nueva etapa de crecimiento económico y social. Ese constituía el gran desafío del nuevo gobierno.

De inmediato, la nueva Administración puso en marcha, de común acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un nuevo programa económico cuyos elementos claves se pueden resumir de la siguiente manera:

• Un importante ajuste fiscal para mejorar las cuentas públicas a fin de garantiza la sostenibilidad de la deuda publica en el mediano plazo.

• Una estrategia de financiamiento que permita al sector público superar su déficit de liquidez a corto plazo, conforme a la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo.

• Una reforma de las instituciones en el área de finanzas públicas para mejorar el diseño y la ejecución de las políticas fiscales y permitir el logro de los grandes y necesarios ajustes fiscales

• Una política monetaria focalizada en reducir la inflación a nivel de un dígito en el marco de un sistema de tasa de cambio flexible.

• Una estrategia de fortalecimiento del sistema financiero para establecer una sólida intermediación financiera.

• Un mayor fortalecimiento del Banco Central y la Superintendencia de Bancos a fin de mejorar la implementación de la política monetaria para garantizar la estabilidad de un sistema financiero que funcione bien.

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• Un plan para mejorar la eficiencia del sector energético para asegurar su viabilidad financiera.

En consonancia, con este programa el nuevo gobierno sometió al Congreso Nacional e hizo aprobar una nueva reforma fiscal que permitió elaborar un Presupuesto y una la Ley de Gasto Público para el 2005 consistente con el objetivo acordado con el FMI de lograr un déficit de sector público no financiero de 0.7 por ciento del PIB. Además, fue sometido a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que convierte el fraude y la evasión fiscal en delitos criminales y otro que elimina el régimen impositivo especial para la zona fronteriza. También, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un paquete de proyecto de leyes sobre Tesorería, Contraloría y Compras Gubernamentales y se apresta en los próximos días a someter un proyecto de Ley Orgánica de Presupuesto y un proyecto de Ley de Crédito Público. El objetivo es hacer mas transparente el manejo de los recursos públicos.

Para los próximos días se espera la conclusión de un nuevo proyecto de reforma tributaria dirigida a simplificar el sistema tributario y a ampliar la base impositiva que permita compensar la pérdida de ingresos asociada a la implementación de RD-CAFTA y la reducción de la comisión cambiaria. También ha sido consensuado con el FMI la centralización de todas las funciones fiscales del Estado en una sola Secretaría de Estado, lo que deberá producirse a partir de enero del 2007.

La estrategia de financiamiento desarrollada por el nuevo gobierno se enfocó en varios aspectos. Para cerrar la brecha de financiamiento proyectada en 330 millones de dólares en el 2005 y en 637 millones de dólares en el 2006, en mayo de este año se produjo exitosamente la reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos y durante el pasado mes de junio se llegó a un acuerdo con los bancos comerciales para reprogramar la deuda con dichas instituciones. Asimismo, el gobierno logró un acuerdo con la empresa española Unión FENOSA a fin de transformar el actual mecanismo de pago de la deuda que tiene el Estado dominicano con dicha empresa. Para el mes de septiembre próximo se producirá la reestructuración de las obligaciones con el Club de Paris.

Adicionalmente el Gobierno logró la aprobación congresional para emitir bonos internos para refinanciar deuda con suplidores y capitalizar el Banco Central y el Banco de Reservas. También se ha logrado el soporte financiero del Banco Mundial a través de un préstamo de 150 millones de dólares para el sector eléctrico que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional, y mediante el Acuerdo de Caracas se ha logrado financiar en efectivo el 25 por ciento de las importaciones petroleras de Venezuela, cerca de 200 millones de dólares.

Con respecto a la política monetaria, el compromiso de las autoridades ha sido y sigue siendo reducir la inflación. En el programa con el FMI se asumió como meta lograr durante este año una tasa de inflación entre 11-13 por ciento. El instrumento principal de la política monetaria que ha venido aplicando el Banco Central ha sido las subastas de los certificados de dicha entidad, y la política de tasa de interés se ha venido fijando de acuerdo con los objetivos de crecimiento monetario e inflación. El Banco Central ha venido conduciendo la política monetaria dentro de un régimen cambiario flexible, con intervenciones focalizadas principalmente a lograr sus metas de reservas internacionales.

Por el lado del sector financiero, el gobierno ha desarrollado un programa bien estructurado de recapitalización bancaria y se busca que a partir de este año y hasta diciembre del 2007, el sistema bancario haga una transición de las mejores prácticas nacionales a las mejores prácticas internacionales para valoración de activos. Se han emitidos nuevas normativas sobre contabilidad consolidada, supervisión consolidada y uso de fondos públicos bajo la ley de riesgo sistémico, riesgo de mercado y riesgo de liquidez, etc. Además, el Banco Central ha realizado ingentes esfuerzos para administrar y vender los activos adquiridos en su mayoría como resultados de la resolución de los tres bancos en dificultades.

En cuanto al sector eléctrico, el gobierno ha venido implementando un amplio plan de reforma del sector diseñado en consulta con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales y bilaterales que procura reducir en el corto plazo el déficit del sector y asegurar la viabilidad financiera en el mediano plazo. Se ha venido trabajando en la dirección de lograr mejorar los índices de cobranza, aumentar el promedio de los ingresos de las compañías eléctricas y reducir el costo de generación. Para los próximos días, será reforzada la administración de las distribuidoras estatales con la incorporación de técnicos internacionales experimentados en gestión de empresas con altos niveles de perdidas.

QUE HEMOS LOGRADO LUEGO DE UN AÑO DE GOBIERNO

Lo que resalta de este primer año de gobierno es el significativo progreso que se ha logrado en devolver la confianza y la estabilidad financiera. Nadie se podía imaginar hace un ano que el optimismo retornaría tan rápido a los dominicanos. La producción se ha venido recuperando y para el primer semestre de este año el Banco Central ha constatado que el Producto Interno Bruto real creció 5.8 por ciento, lo que nos obligará a modificar la proyección original que se tenía para todo el año. La inflación anualizada, que a agosto del año pasado se encontraba en alrededor de 52 por ciento, disminuyó a -0.98 por ciento en junio del presente año.

La tasa de cambio que llegó a ser de 41.7 pesos por dólar en agosto del 2004, se estabilizó en poco menos de 30 pesos por dólar en lo que va del año y los intereses de las subastas competitivas del Banco Central han caído de un 60 por ciento en la primera mitad del año 2004 a cerca de un 13 por ciento en julio de este año. Esta reducción, según los Resultados Preliminares del Comportamiento de la Economía Dominicana en el primer semestre de este año, junto a la reducción de las tasas de interés de los certificados al público provocó una reducción en la tasa promedio ponderada del total del balance de certificados de participación de 59.19 por ciento en junio del 2004 a 21.57 por ciento a junio 2005.

En el aspecto monetario, el fortalecimiento en la posición de la balanza de pagos le permitió al Banco Central acumular reservas internacionales netas muy por encima de lo previamente acordado con el FMI. Además, con todo y el aumento de la existencia de certificados, el significativo descenso en las tasas de interés y la ampliación en los plazos aseguran que las perdidas cuasi-fiscales se mantengan en lo que originalmente se había acordado.

En cuanto al sector bancario, los estados financieros auditados a diciembre del 2004 muestran que los bancos cumplen con el coeficiente mínimo de 10 por ciento de acuerdo a las normas locales para la evaluación de activos y la Superintendencia de Bancos recibió recientemente los planes de negocio a cinco años de todos los bancos.

El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la política macroeconómica durante la primera mitad del 2005 ha sido prudente y el desempeño cuantitativo en el marco del programa Stand By ha sido consistente. Del lado fiscal, la ejecución del gasto presupuestario ha resultado en un superávit del gobierno central de aproximadamente un 1.5 por ciento del PIB anual en la primera mitad del año, muy por encima de lo estimado en el programa para el período. Del lado monetario, los criterios establecidos para el desempeñó cuantitativo han sido cumplidos con grandes márgenes.

Un dato nos permite apreciar la magnitud de la transformación que se ha operado en la economía dominicana en los últimos doce meses. La prima de riesgo de los bonos soberanos dominicanos que llegó a rondar el 26 por ciento en el segundo semestre del 2004 se ha colocado en la actualidad en la cercanía de 4 por ciento, prácticamente igual al nivel que tenía a principios del 2002, y muy por debajo de la de Venezuela. Ecuador, Argentina y Brasil.

En cuanto al sector eléctrico, a pesar de las dificultades encontradas, se ha producido un incremento planificado de la generación, pasando en las horas picos a suplirse el 90 por ciento de la demanda. En la actualidad, a pesar de la temporada de calor y de los elevados precios de los combustibles, la generación ha llegado a los mil 500 megavatios en las horas picos. Esto demuestra el irrevocable compromiso del gobierno con el sector que le ha inyectado a la industria eléctrica mas de 400 millones de dólares desde agosto del año pasado, aporte que ha permitido que se supla mas del 80% de la demanda nacional de electricidad.

Producto del manejo cuidadoso de la economía, que ha propiciado una apreciación de la tasa de cambio, así como de la mejoría salarial producida durante este año, la capacidad adquisitiva de los asalariados, tanto del sector público como del sector privado se ha incrementado en más de un 31% cuando comparamos junio de este año con julio del año pasado. En un leguaje más sencillo. Hoy los dominicanos, con el salario que ganan tienen acceso a más bienes y servicios que hace un año.

En lo atinente a la lucha contra la corrupción, se ha definido un plan estratégico consensuado con la sociedad civil y el empresariado para combatir en su raíz y sancionar todas las fuentes de corrupción que se generan en la Administración pública, a la vez que se fortalecen los mecanismos para sancionar la corrupción.

También se ha consensuado por iniciativa del Presidente de la República un proyecto de Ley que supera la actual legislación sobre servicio civil y carrera administrativa, el cual incorpora importantes medidas para la profesionalización del servicio público. Además, se han venido implementando iniciativas en las instituciones públicas poniendo en vigor un nuevo modelo de gestión inspirado en los principios de calidad.

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Juan Temístocles Montás es secretario Técnico de la Presidencia.