Irene, Olga, Noel, George… todas tormentas, poco importa su apellido, evidencian, no solo la deuda social, que es el estigma de la exclusión social del desarrollo, sino la inequidad espacial o territorial que se manifiesta con la devaluación/revalorización de espacios regionales, a partir de la inequidad espacial que se evidencia en las inversiones del Estado dominicano y de las inversiones del sector privado.

A menos inversiones, menos infraestructuras (puentes, caminos vecinales) menos servicios (transporte, salud, educación) el resultado social es: vulnerabilidad y despoblaciones y/o poblados aislados con terrenos fragilizados (ver último censo) que producen en determinados momentos “los damnificados”. Por el contrario, a más inversiones del Estado, más servicios, más infraestructuras, concentración de las inversiones privadas seguido por la concentración de la población: esa dinámica socio-espacial se produce por la revalorización del espacio con una mayor estructuración física, como en el Distrito Nacional.

Esa dinámica, que produce exclusión y marginación,  es la que denunciamos desde la aplicación de un modelo económico que profundiza las disparidades regionales en el  territorio poniendo en valor ciertos atributos naturales y culturales en detrimento de otros: la concentración de las inversiones en el Distrito Nacional representa esa dicotomía entre valorización de un micro espacio y depreciación de las zonas montañosas y fronterizas. (Excepto, cuando existen intereses turísticos evidentes como en Constanza y Jarabacoa, donde se estabilizan las vertientes y se hace el drenaje adecuado).

La gestión del PLD no ha corregido la tendencia centrífuga de las intervenciones espaciales de  los gobiernos sucesivos, para quienes no todas las regiones o micro espacios tenían la misma valoración: los espacios desvalorizados  significan también espacios excluidos de la competitividad internacional y  representan la negación de derechos ciudadanos de cuarta generación: la promoción, el desarrollo y la securización de sus territorios.  Los 3,000 evacuados que existen hoy en nuestro territorio son 3,000 excluidos de esos derechos a quienes se les negaron la construcción de carreteras seguras, puentes bien hechos, estabilización de pendientes, drenaje pluvial y casas seguras,  porque el gobierno ha concentrado  en el Distrito Nacional todas sus inversiones, (produciendo también en este último espacios diferenciados) que tendrán, no lo duden  por efectos, concentrar más poblaciones, para quienes  el Estado construirá más elevados, túneles y  Metro en algunos años. ¿Quién lo duda?