En nuestro libro “Del proceso de urbanización a la planificación urbana de Santo Domingo (La política urbana del gobierno del Dr. Balaguer 1986-1992) publicado en 1997, desarrollamos, entre otros, un último capítulo sobre la municipalidad, las funciones del ayuntamiento y la gestión municipal. En éste,  tratábamos de “diseñar” las funciones de un municipio ideal y su organismo de gestión y planificación: el ayuntamiento, como consecuencias de las críticas que hacíamos sobre la inoperancia de la gestión municipal en esos años.

Efectivamente, hablar de descentralización administrativa, regionalización y autonomía municipal, no era común, ni bien entendido por muchos. Dieciséis años más tarde,  la Ley 176/07 sobre Distrito Nacional y los Municipios demuestra algunas de sus limitaciones. Esas limitaciones son evidenciadas por el problema de los terrenos que necesita el Estado dominicano para la construcción de liceos o escuelas públicas. En la descripción de las funciones  de los ayuntamientos Capítulo II “Potestades, prerrogativas y principios de actuación” en sus artículos 9, 10, 11, 12 y 13 no se especifican ni atribuyen a los ayuntamientos “las funciones de administrar el territorio”, en el sentido que el territorio municipal se divide entre propiedades privadas y la propiedad pública o del Estado dominicano.

Lo que ocurre en el caso, de los terrenos que el Estado necesita para construir los equipamientos (escolar, sanitario, deportivo, administrativo): desconocimiento, dificultades para ubicarlos o comprarlos, de- muestra que los ayuntamientos del país deben manejar un Catastro Municipal y tenerlo  actualizado, georeferenciado y a disposición del Gobierno central y de todas las personas interesadas en conocer la propiedad de la tierra, ese bien no renovable, público y privado.

Urge la descentralización de las funciones de los Tribunales de Tierra en los municipios y una gestión transparente de la propiedad de la tierra que forme parte de la gestión del territorio. Además, los casos recientes de venta/compra de terrenos del Estado en Bahía de las Águilas y Samana demuestran que el país también, requiere de una planificación territorial que administre su patrimonio inmobiliario para la transparencia necesaria, la  justicia social y la eficiencia. Urge una real planificación del territorio  a nivel nacional y municipal que administre su patrimonio inmobiliario entre otros bienes, para saber entre otras cosas, donde están los terrenos privados y públicos de la Nación.