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Como señalábamos en la entrega anterior, gracias a los esfuerzos desplegados desde las últimas décadas del pasado siglo 20 por las universidades UASD, UNPHU y PUCMM en favor de la capacitación de miles de maestros en servicio, la República Dominicana hoy cuenta con muchos más docentes y directores de escuelas que antes. Las escuelas normales de antaño fueron refundidas en un Instituto Superior de Formación Docente de carácter estatal. El antiguo Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue convertido en toda una Facultad de Educación con extensiones en 16 provincias de las 31 que tiene el país. Cientos de maestros y de catedráticos universitarios hemos cursado estudios de especialización y de postgrado en universidades nacionales y extranjeras. A ello se le agrega el hecho de que veintinueve instituciones privadas de educación superior del país ofertan la carrera de educación. La matrícula total de dicha carrera supera ya los cincuenta mil estudiantes. La misma figura entre las preferidas por los estudiantes de nuevo ingreso. Pero, no todo es color de rosas. Todavía nos tropezamos con obstáculos que, a ratos, nos parecen insalvables.

A pesar de nuestros afanes por encontrar cómo diseñar una política educacional que nos ofrezca el nivel de calidad deseado, todavía no hemos podido identificar los principios básicos en los que tal régimen pudiera basarse. Todo radica en una extraña paradoja, la misma que se puso de manifiesto la noche del 14 de febrero recién pasado al final de una reunión que sostuvieron representantes de universidades con sectores gubernamentales y de la sociedad civil, en la que trataba de llegar a acuerdos consensuados en relación con las propuestas del Pacto para la Reforma Educacional propuesto por el Gobierno del presidente Danilo Medina. Ocurrió que, a pesar de que casi todos los participantes en ese cónclave eran partícipes de una misma idea en torno al papel que desempeña la educación superior en el desarrollo de la sociedad y en el progreso económico de las naciones, para sorpresa de los presentes, técnicos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dieron a entender, mediante un documento sometido a última hora, que el subsistema de educación superior ocasiona unos gastos superiores a los que el Gobierno parece dispuesto a pagar. ¡Salirnos con eso después de haber agotado largas jornadas de discusiones! ¿Qué pretenden esos destacados economistas? ¿Qué se reduzca el gasto público en educación superior a través de estrategias supuestamente diseñadas para mejorarla? Si es eso lo que buscan, los criterios en que habrían de basarse serían de carácter financiero y su aplicación ahondaría más la crisis en vez de contribuir a solucionarla.

En otro orden de ideas.

La calidad docente, entendida como la capacidad de los profesores de hacer que sus alumnos aprendan, se señala como la variable que más afecta el nivel de aprendizaje de los alumnos. De ahí la prioridad que los movimientos de reforma de la educación le otorgan al fortalecimiento de la carrera docente. Creemos que ya es tiempo de exigirles más de lo que se les exige a los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de educación.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología debe demandar de las universidades y de los institutos superiores como requisito mínimo para ofertar la carrera de educación el que dispongan de facultades o departamentos de ciencias donde los futuros docentes puedan cursar las asignaturas de contenido y de escuelas experimentales donde los estudiantes puedan desarrollar al máximo sus habilidades. Vamos a ilustrar con un ejemplo. Un estudiante de la carrera de pedagogía mención biología, puede perfectamente, cursar sus estudios de pedagogía, didáctica, teoría de los aprendizajes, en la Facultad o Escuela de Educación, y los de biología y de otras asignaturas afines en un departamento o en una facultad de ciencia. No es buena idea aquello de emplear facultades o departamentos de ciencias en tareas directamente relacionadas con la capacitación y con el perfeccionamiento docente, distanciándolas un tanto de la producción y de la investigación aplicada.