Jesús De la Rosa 
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Los programas sobre reformas de la educación suelen estar centrados en el tema de la capacitación permanente de los docentes, considerada ésta como la variable que más afecta el nivel de aprendizaje de los estudiantes. De ahí la pertinencia del editorial del periódico “El Día”, edición correspondiente al 31 de enero recién pasado: “No es posible tener una educación de calidad sin una política del Ministerio de Educación que tome en cuenta la capacitación de los maestros”. En efecto, el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, anunció, el 22 de enero recién pasado, que la dependencia estatal bajo su dirección invertirá este año 2,203 millones de pesos en la formación y capacitación de profesores distribuidos de la siguiente manera: 1,390 millones, 618 mil 578 pesos para financiar un programa de capacitación de maestros en servicio; 70 millones para el sostenimiento de programas de acreditación del personal directivo de los centros escolares (entiéndase directores de escuelas y liceos públicos); y 642 millones, 979 mil 962 pesos para elevar los niveles de profesionalización de maestros en servicio a través de estudios de especialización y de postgrado. Ello indica que desde el Ministerio de Educación se vislumbra como objetivo a corto plazo el proporcionarles formación y titulación especializada a los docentes que no disponen de ello, así como el impulsar la acreditación de las universidades y de los institutos superiores que ofertan la carrera de educación y otras afines.
¿Cómo diseñar y desarrollar una política educacional que ofrezca el alto nivel de cualificación necesario en el siglo 21? Hoy, se estima que el 40% de los puestos de trabajo en los países desarrollados requieren 16 años de educación, y el 60% restante una titulación superior, lo que justifica la política de acceso abierto a los estudios superiores, ya sea por razones económicas como de justicia social. En materia de educación la cantidad no se contrapone a la calidad; al contrario, la justifica. Es a partir de esas y de otras premisas que debemos reafirmar los principios básicos en los que deben basarse nuestros afanes por elevar la calidad de nuestro sistema de instrucción pública. Pero, tal y como lo expresa Álvaro Marchesi, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), “si el profesorado es clave para la calidad de la enseñanza, es preciso admitir también que no se puede mejorar la acción educativa de los profesores sin conseguir al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas”. Y, precisamente es ahí donde la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) desempeña un papel decisivo.
Debemos de hacer constar que en materia de formación y capacitación docente no estamos partiendo de cero. Recordemos que al final de la llamada “era de Trujillo”, ante la incapacidad de las escuelas Normales del país de poner en práctica un programa de capacitación docente que beneficiara a los maestros en servicio no titulados, vale decir a casi todos, las universidades Autónoma de Santo Domingo, Pedro Henríquez Ureña y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra tuvieron que encargarse de hacerlo. Gracias al aporte de esas tres instituciones de educación superior, unida a los esfuerzos de una serie de personalidades, la República Dominicana cuenta hoy con los docentes, investigadores, técnicos y gestores de educación que nunca tuvo antes. Hoy, el panorama ha cambiado. Las escuelas normales de antaño han sido refundidas en un Instituto Superior de Formación Docente, El antiguo Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue separado de la Facultad de Humanidades y convertido en Facultad de educación.
