POR ARTURO MARTÍNEZ MOYA
Con relación al asunto Sun Land, varias son las culpas del Presidente Fernández: a) Violó la Constitución de la República cuando endeudó el país sin la aprobación previa del Congreso Nacional y sin el conocimiento del pueblo dominicano; b) Sin haber celebrado concursos, firmó contratos de construcción, suministro de materiales y equipamiento de obras; c) Se burló del FMI y del Acuerdo Stand-by cuando ocultó la información.

En enero próximo, el Directorio Ejecutivo del FMI deberá emitir una resolución condenatoria de la conducta del gobierno dominicano, por haberle ocultado datos fundamentales relativos al endeudamiento del país, por lo que revisará sus conclusiones con relación al comportamiento de las variables macroeconómicas;.

Es evidente que la violación del tope de endeudamiento externo afecta otras conclusiones.

La reacción que espera del FMI probablemente fue el detonante para que, no obstante haber repetido en varias ocasiones que no endeudó el país violando la Constitución de la República, de repente lo haya admitido, lo malo es que le complica la situación al país; ahora el Presidente Fernández dice, a los que compraron las notas promisorias firmadas por Félix Bautista por US$130 millones, que carecen de valor y que el Estado Dominicano no tiene obligación alguna. Por la gravedad de la negación, quiero hacer una cita histórica. En su gobierno de seis años, específicamente en 1869, por primera vez Báez endeudó al país, permitió la estafa del aventurero financiero Edward Hartmont; con ese señor firmó un contrato para un empréstito por 420,000 libras esterlinas (alrededor de dos millones de dólares), y como quería dinero a cualquier precio, aceptó pagar altas comisiones e intereses. El país apenas recibió 38,000 libras esterlinas, mientras el aventurero financiero se entendía con un banco inglés para emitir bonos por 757,700 libras, por eso la obligación final del Estado Dominicano fue por ese monto.

Como lo hizo Leonel Fernández, también por incumplimiento del aventurero financiero el gobierno de Báez canceló el contrato en 1870, desconociendo cualquier obligación.

Como los bonos dominicanos estaban de mano en mano en el mercado financiero europeo, se afectó la imágen del país, hasta que la casa bancaria de Amsterdam, Westerndorp & Co. decidió comprar la deuda haciendo dos nuevas emisiones de bonos por un total 1,670,000 libras esterlinas; los recursos se usaron para retirar los bonos de la Hartmont al 20 por ciento, para pagar deudas y para construir el ferrocarril de Puerto Plata y Santiago.

Los paralelismos: a) En 1870, el gobierno de Báez desconoce los bonos dominicanos en manos de europeos. En 2007 Leonel Fernández desconoce las notas promisorias firmadas por Félix Bautista que circulan en el mercado internacional; b) En 1869, el aventurero Edward Hartmont se queda con todo el dinero; en 2007, entre la Sun Land y el gobierno dominicano hay un lío que manda madre, el país no sabe dónde están los US$130 millones; c) En 1888 y 1890, con el préstamo de la Westerndorp, se reconoce la deuda del país con el exterior (a pesar de que el Señor Edward Hartmont se cogió los cuartos). En 2007, Leonel Fernández desconce que se le deba a los que invirtieron en las notas promisorias, por lo que con seguridad vendrán las reclamaciones, teniendo el Estado Dominicano la obligación de pagar, porque de lo contrario, se deberán pre-pagar los bonos soberanos; d) El Presidente Báez tomó la mayor parte de las 38,000 libras esterlinas para quedarse en el poder. Leonel Fernández, como ha reiterado Miguel Vargas Maldonado, ha usado una buena parte de los US$130 millones en asuntos políticos, vale decir, para intentar quedarse en el poder en el 2008.

La historia sirve para evitar errores, pero es evidente que Leonel Fernández y el PLD no aprenden de ella. Para intentar quedarse en el poder han llegado muy lejos, porque lo de la Sun Land es un asunto muy serio; de ahí la urgencia, el reclamo de la sociedad, de que la Suprema Corte de Justicia asuma su rol y sin más ziszasgueos diga lo inevitable, que es inconstitucional, porque no puede decir otra cosa, al menos que quiera navegar en el mar del desprestigio.