Por: Elisa Elena González

El Consejo Nacional de Educación (CNE) se reunió la pasada semana, para conocer entre otros puntos de agenda, la posibilidad de sustituir a los profesionales que hasta el momento se encuentran al frente de las 18 direcciones regionales y las 127 direcciones distritales.

Los resultados de la diligencia no se hicieron esperar. El CNE resolutó nombrar como asesores técnicos a los actuales funcionarios, con las mismas condiciones salariales y jerárquicas, al tiempo que aprobaron el nombramiento directo de un nuevo cuerpo de profesionales, quienes estarán al frente de las regionales y distritos educativos del país.

Esta disposición del CNE y las declaraciones del actual Ministro de Educación, nos embiste y nos deja la sensación de no saber qué o cómo pasó. La decisión a todas luces, nos desvela la poca institucionalidad y la fragilidad del organismo rector de la política educativa, responsable directo de proveer y garantizar el derecho a una educación de calidad; fundamentada en valores éticos y sociales, para más de dos millones ochocientos mil estudiantes a nivel nacional. Estudiantes que en las próximas semanas enfrentaran el año lectivo más atípico jamás pensado.

Así, en menos de 2 años el CNE que aprobó el concurso que hoy deciden diluir y muy a pesar de lo que muchos pudiéramos argumentar, el actual ministro Roberto Fulcar, por ley está facultado para designar a quienes el considere están calificados para estos cargos.

Si bien es cierto, la Ley 66-97 “Ley General de Educación”, que rige y norma el sistema, en sus artículos 109 y 115 señala que la “…dirección regional es un organismo ejecutivo del Ministerio de Educación…” y que la selección de las direcciones distritales, “…serán seleccionadas por el Ministro de una terna propuesta por la Junta Regional..”, pese a que estos puestos de dirección tradicionalmente son ostentados por profesionales que ya forman parte de la carrera docente  la naturaleza del cargo continua siendo administrativa y, por tanto, podría interpretarse que ordinariamente, estos puestos no están sujetos indefectiblemente a la modalidad de concurso.  

No menos cierto es que en el año 2014 el país suscribió el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana, pautando un conjunto de acciones y acuerdos que impulsarían reformas importantes al interior del sistema y darían paso a un modelo de gestión de políticas públicas, fundamentadas en la institucionalidad y continuidad del Estado.

Entre este conjunto de acuerdos, el compromiso 5.2.1 indica la ampliación y fortalecimiento de la política de ingreso a la carrera docente que permita la incorporación al sistema educativo de profesionales de alta calidad, exclusivamente a través de concursos de oposición para todas las posiciones docentes, sin excepción alguna, indicando a demás que todo nombramiento que no sea producto del concurso será invalidado y deberá ser revocado.

Pasados seis años de la firma del Pacto Educativo en año 2014, el  Gobierno anterior contó con tiempo suficiente para hacer las reformas y adecuaciones normativas necesarias para su plena implementación, cosa que no sucedió y como medida intermedia, en el año 2018, el exministro de educación, arquitecto Andrés Navarro, desarrolló un concurso público en el que se hizo acompañar de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), el Consejo Económico y Social (CES), el Ministerio de Administración Pública (MAP) e instancias internas del Ministerio, abriendo la posibilidad para que más de dos mil profesionales del ámbito educativo participaran en un proceso que privilegió la meritocracia y las competencias profesionales de los postulantes. Un concurso en que los expertos fueron seleccionados por virtudes profesionales, más que sus adhesiones políticas.

Dada la discrepancia entre la Ley y el Pacto, sumado a la falta de interés de ambos gobiernos de consolidar y adherirse a los acuerdos nacionales, que, si bien fueron impulsados durante el Gobierno del PLD, fue un avance en el que el PRM -actual partido en el poder-, tuvo una participación deliberativa a nivel técnico y político durante el proceso, lo que nos hace preguntarnos ¿cuál es el real nivel de compromiso de nuestros actores políticos en el desarrollo nacional?

Hoy todos los involucrados cargamos con el peso, no solo de la falta de continuidad del Estado en materia educativa, sino de la fragilidad de un sistema que no se adecuó, ni estuvo a la altura de los cambios institucionales que debimos realizar en su momento y que a su vez, pudieron ser revindicadas por las actuales autoridades.

Hoy estamos nueva vez a la merced de decisiones que, si bien están amparadas en los estamentos jurídicos, no honran al actual Gobierno en su compromiso con el cambio, su compromiso con los principios éticos; y apego a las mejores prácticas en post del desarrollo y fortalecimiento institucional del Estado.