Arturo Martínez Moya 
Por los vientos e inundaciones en todo el país de Irma y María, perdimos millones de dólares en infraestructura pública y privada. A lo que se suman pérdidas de cosechas, por actividades turísticas, industrial y servicios públicos, flujos que no se recuperan.
Las cosechas tienen sus ciclos, los daños dependen de qué tan grave fue el impacto en zonas donde los fenómenos se cebaron con gusto. El gobierno y sector privado están haciendo sus números, deben conciliarlos para tener la pérdida total, aunque sea provisional. Debe publicarse para los siguientes propósitos. Uno, gestionar de inmediato un préstamo en el FMI. Para esos fines tiene un programa de rápido desembolso. Y dos, anunciar que se pasa de la tradicional política curativa, que nos ha costado mucho dinero y crecimiento económico, a la preventiva.
La historia nos cuenta lo que perdimos con David, Federico, George, Olga, Noel y Matthew, aunque nadie ha hecho un número del total, se sabe que es exagerado respecto al PIB. Solo como ejemplo, en 1979 el huracán David dejó pérdidas por más de $2,600 millones de dólares, lo que en ese momento representaba más del cuarenta por ciento del PIB.
Nuestra infraestructura y PIB han estado amenazados por inundaciones, tormentas, ciclones y huracanes, cada vez más poderosos por la comprobada subida de nivel del mar y calentamiento de la tierra (aunque Trump diga lo contrario). No es posible evitarlos, pero podemos y debemos tomar medidas para impedir que sigan generando pérdidas millonarias en el stock de capital del país y resten crecimiento a la economía, como ha sucedido con Irma y María.
La principal medida es la política preventiva, que debe formalizarse con un fondo en el presupuesto público de 2018, que funcione como seguro para mitigar los efectos económicos y para invertir en zonas de mayor riesgo, luego de un análisis costo-beneficio. Tengo la seguridad de que por cada peso invertido en reducción riesgos, tendrá un retorno varias veces superior, al eliminar o minimizar pérdidas que sabemos ocasiona vientos e inundaciones cada vez más potentes. Es decir, un negocio redondo.
Además del ahorro a la economía, la inversión preventiva mejora las condiciones de vida de los más pobres. Sabemos, lo acaba de confirmar Irma y María, el costo de los desastres naturales no se reparte por igual entre los dominicanos. La pérdida de riqueza de los pobres es dos, tres y hasta cuatro veces superior a la de los no pobres. Además, modifica sus ingresos y consumos, manteniéndolos o empujándolos a la pobreza extrema.
Cuando el ciclón Noel de 2007, el 90% de las víctimas vivían por debajo de la línea de pobreza. Con Irma y María el balance no es diferente. Tiene razón el Banco Mundial (ver informe “para construir un futuro juntos, notas de política de República Dominicana”, octubre 2016) cuando alabó el crecimiento de la economía en los últimos 25 años, una de las tasas más altas en América Latina y el Caribe. Y criticó que, no obstante, “uno de cada tres dominicanos” permaneciera por debajo de la línea de pobreza, población que vive en zonas vulnerables y no dispone de recursos. La tarea es cambiar la política.
