La República Dominicana produce alimentos en cantidades suficientes para cubrir la demanda interna, incluyendo la del turismo, exportar y mantener reservas de determinados renglones agrícolas. Dicho de otro modo, no tenemos déficit en esa materia. Por otra parte, aún en épocas de crisis, nuestra economía es vigorosa y exhibe un desempeño generalmente positivo. Partiendo de estas condiciones de aparente bonanza, no debería haber justificación  alguna para que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) nos incluya  entre cinco países latinoamericanos, de  una lista de 37 naciones del mundo, con mayor déficit alimentario.

La única condición que puede justificar esta discrepancia entre la teoría y la realidad es que hay un segmento importante de la población que no tiene facilidad de acceso a los alimentos o a los recursos necesarios para adquirirlos y alimentarse adecuadamente, lo cual es peor que si tuviésemos déficit de producción de alimentos o dificultades económicas en sentido general. Este informe de la FAO lo que revela es que tenemos serias discrepancias entre la retórica y la cruda realidad. No puede ser que un país de tan buen desempeño económico, con una producción abundante, esté entre los cinco con mayor déficit alimentario en Latinoamérica. Hay que conciliar la teoría con la práctica.

¿Inhibición cómplice?

Cada homicidio debe ser investigado hasta establecer causas y responsabilidades. Motorizar la investigación es, en nuestro Derecho, una responsabilidad irrenunciable del Ministerio Público. Si en cualquier caso de esta tipología, el Ministerio Público no actúa como corresponde ¿estaría incurriendo en falta por  inhibición cómplice, en  irresponsabilidad imperdonable, en  denegación de los medios de comprobación que garantiza el estado de derecho?

La reflexión la estimula el manifiesto leído en el seminario internacional para conmemorar los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se exige que sean sometidos a la Justicia los policías que maten a presuntos delincuentes en “intercambios de disparos”. Siempre hemos abogado porque estas muertes, sobre las cuales se da versión interesada, sean investigadas hasta las últimas consecuencias para que acabe esta especie de inhibición cómplice.