JUAN M. TAVERAS
Con la nueva concertación lograda entre Gobierno y oposición para simplemente aumentar la carga impositiva como formula para enfrentar problemas coyunturales, el país  ha  perdido, una vez mas,   la oportunidad de plantear y resolver, en forma integral,  uno de los temas más importantes para la economía nacional: la reforma fiscal.

Como se sabe, el  Presupuesto General de la Nación, que muchos definen  como la ley de leyes, tiene dos grandes capítulos: los ingresos y los gastos. De dónde se obtienen los ingresos y de cómo se asigna el gasto surge la gran definición de la política económica de un gobierno, y permite a los agentes económicos tomar gran parte de sus decisiones de inversión, ahorro y consumo.

Los ingresos presupuestarios pueden ser corrientes (incluyen ingresos tributarios y no tributarios) y de capital. Además,  pueden existir otros ingresos, tal el caso de las privatizaciones de empresas públicas, renglón donde el país tiene todavía algún margen de maniobra,  pero  habría que descartar toda posibilidad de mayor endeudamiento por razones obvias. En consecuencia, habría que centralizar el análisis de los ingresos presupuestarios  en los ingresos provenientes de impuestos, es decir los que recaudan la Dirección General de impuestos internos y las Aduanas.

Si observamos el comportamiento histórico de la recaudación impositiva, derivada de la estructura tributaria que posee el país, es fácil observar que ésta esconde  parte de los grande problemas que ahora tenemos,  problemas que a la larga nos  conducirían  a un  déficit fiscal crónico  que haría insostenible cualquier tipo de política económica. Por lo tanto,  debemos comenzar por plantear un profundo cambio en la estructura impositiva de la República Dominicana. Debemos plantear la necesidad de una verdadera reforma fiscal.

Como producto de la estructura impositiva dominicana, más del 80% de los ingresos tributarios provienen de impuestos indirectos. Igual cosa ocurre en toda America Latina, razon por lo cual, somos el contienente de mayor desigualdad distributiva. El esquema tributario nuestro es, pues,  injusto porque no tiene en cuenta la capacidad contributiva individual. Además,  es  netamente regresivo ya que el eje de la recaudación pasa básicamente por imposiciones al consumo, gravando el valor agregado cuya carga, en definitiva, es soportada por los consumidores finales de bienes y servicios.  Y bien sabemos que a menor nivel de ingresos mayor es el porcentaje que se destina a consumos básicos y menor el que se deriva a gastos suntuarios, de esparcimiento, ahorro o inversión. De manera que todo aumento de la carga tributaria al consumo, es regresivo y contradice abiertamente la lucha contra la pobreza, pues hace mas pobre a los pobres.

Por otra parte es llamativa la escasa participación que tienen en la recaudación los impuestos que gravan las rentas y los patrimonios que desde el punto de vista de la equidad son más justos, ya que la exacción debería provenir de auténticas manifestaciones de capacidad contributiva. Quienes defienden esta estructura tributaria sostienen que la misma obedece a razones de estímulo a la inversión y que por lo tanto no debe gravarse más allá de lo «aconsejable» a la renta ni a los patrimonios. Aún si aceptáramos el argumento, debemos precisar que estimular la inversión no significa subsidiar renta con consumo. La inversión debe estimularse por otras vías. Fundamentalmente determinando en el presupuesto el costo de dichos incentivos y dejando perfectamente establecido de dónde provendrán los recursos para tales fines. El no gravar las rentas provenientes de los depósitos a plazo y de ahorro, como se ha hecho recientemente, revela la iniquidad total en que se apoya nuestro sistema impositivo y deja en claro la urgente necesidad de cambiar por completo la estructura tributaria y el funcionamiento de los órganos de recaudación. La renovación de la estructura impositiva tiene que ser equitativa y estar orientada a fomentar el crecimiento.

Cualquier propuesta de reformas  al sistema tributario tendrá éxito en la medida que se diseñen mecanismos de recaudación simples, transparentes y con la mayor automaticidad posibles; pero además se debe tener presente que la fiscalización y control de los impuestos es la única herramienta eficiente para combatir la evasión.  Es fácil demostrar que aumentando el número de agentes fiscalizadores, se puede lograr un aumento considerable de los ingresos tributarios. Claro, esos nuevos agentes tienen que estar bien pagados y sobre fiscalizados para impedir que la corrupción haga incosteable el proceso.

Por otra parte, el tema relativo al control del gasto público  debe revestir una gran importancia para los efectos de una nueva y autentica reforma fiscal.  En este aspecto hay que considerar distintos tópicos: en primer lugar la necesidad de la política económica de controlar el gasto, luego quién debe efectuar el control, y por último cómo debe realizarse. La necesidad de política económica reside en la racionalidad en el manejo del presupuesto nacional.

A mas de que nuestro sistema tributario es a toda luces injusto y un activo agente de la pobreza, aquí todos sabemos que las evasiones impositivas se aproximan al 40% de las recaudaciones probables. De ahí, entonces, que los poderes públicos, léase Poder Ejecutivo y  Congreso Nacional,  están en la obligación embarcarse en la formulación de una autentica reforma fiscal que contemple, en primer lugar,  un profundo cambio en la estructura impositiva de suerte que el sistema sea justo y equitativo; en segundo lugar,  que eficientice las recaudaciones mediante mejores controles orientados a reducir  al  mínimo las evasiones fiscales y, en tercer lugar, que incluya mecanismos de control que limiten el crecimiento del gasto hasta un tope máximo dado por el crecimiento del Producto Bruto Interno.