Donald Guerrero, exministro de Hacienda, principal acusado en la investigación del Ministerio Público denominada operación Calamar, contrató como lobbista al exlegislador estadounidense republicano Connie Mack con la intención de incidir sobre las opiniones del proceso judicial.

Es legítima su defensa como dice el artículo 72 de La Constitución de la República Dominicana nos dice que: «Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen».

Pero también le faltó a la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12, en su artículo 28 de atribuciones comunes de los ministros, inciso 2, indica que este debe orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades del ministerio, sin perjuicio de las atribuciones que, sobre control externo, la Constitución y las leyes confieren a los órganos de la función contralor.

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Entonces, qué dirán los cientos de personas afectadas por estafa con la apropiación de sus terrenos por la que se sustrajeron miles de millones de pesos de sus herencias, familias pobres, prácticamente en la indigencia.

En mi caso, debo referirme a la familia Mota, en especial a mi abuelo Cristiano Mota, que aparece como firmante, y peor aún después de muerto. No puede ser política la acusación que pesa sobre Donald Guerrero en el caso Calamar con doble estafa, primero al Estado y luego a las familias.

Decir que es preso político es una falacia para estas familias que ven cómo las propiedades de sus antepasados son sustraídas por una asociación de malhechores, como lo estipula el art. 265 del Código Penal: “Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública».

Aquí no hay persecución política, como se hace querer ver en la carta que redacta el señor Connie Mack; objetivo sería elevar hasta Washington las quejas “del tratamiento” contra el exfuncionario y empresario con importantes intereses en Puerto Rico, territorio estadounidense