De las palabras a los hechos

De las palabras a los hechos

La creación en plazo razonable de los instrumentos que llenarían un vacío jurídico es un paso clave en la prevención de la corrupción. La validez de este argumento es aún más sólida si la creación de esos instrumentos se procura en momentos en que el Gobierno de turno, como parece ser el caso,  da señales de que quiere garantizar  un manejo pulcro y transparente de los recursos del Estado. Retardar,  sin justificación,  iniciativas que tienen este propósito es una actitud cuestionable.

En la Cámara de Diputados están empantanados siete proyectos de ley que establecen pautas sobre declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito, ley orgánica de la Cámara de Cuentas, fiscalización y control de la función pública y otros aspectos afines a la prevención de la corrupción. Todos fueron sometidos por los senadores Charlie Mariotti, José Rafael Vargas y Julio César Valentín. Algunos ya han sido aprobados en el Senado.

Sería un paso de avance en el propósito de cerrarle vías a las malas prácticas, si los diputados, sin llegar a la festinación, sancionaran como corresponde estos proyectos. No parece haber causa justificable para mantener trabadas estas propuestas que tienen  vocación de utilidad indudable. Hay que reforzar de alguna manera las medidas éticas aplicadas por el Poder Ejecutivo  en sus primeros cien días.

En el Día Mundial del Sida

El 2013 nos plantea retos. A partir de ese año termina el programa de financiamiento internacional que nos permite impulsar la prevención del sida y adquirir los retrovirales necesarios. Con todo y que recibimos esos fondos, quedamos cortos en cobertura. Por ejemplo, no logramos disminuir los índices de contagio de niños a través de sus madres, un contagio para el que hay medios efectivos de prevención. La tarea de prevención tampoco logra disminuir los índices de contagio entre los jóvenes, sobre todo del sexo femenino.

  También tenemos malas calificaciones en la lucha contra la discriminación a que están sometidos los portadores sanos de sida. No hay políticas efectivas para vencer esta discriminación, que representa una exclusión terrible. El 2013 nos plantea el serio desafío de que el Estado asuma  con responsabilidad y con recursos propios su deber ante las personas  portadoras de sida.

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