Las alzas petroleras han modificado patrones de producción de energía y fuerza motriz en procura de ahorro. Esto supone también modificaciones en la oferta de los bienes que permiten producir esos elementos. El cambio de gasolina a gas es una de esas modificaciones y la aspiración de los detallistas de gasolina, de que se les permita vender GLP en las mismas estaciones, encaja entre los cambios en la estructura de la oferta.

Sin embargo, la legítima búsqueda de conveniencia y rentabilidad en materia de comercialización de sustancias inflamables  tiene que sujetarse a regulaciones, entre éstas las de  seguridad en la manipulación de sustancias volátiles, como es el caso de la gasolina, el gas licuado de petróleo y otros elementos.

Organismos especializados del país han advertido sobre los riesgos de autorizar que las estaciones de expendio de carburantes líquidos vendan GLP en las mismas instalaciones. Son objeciones técnicas que no atentan contra  libertad de empresa y de comercio, sino que se basan en  la potencial peligrosidad de la concentración y manipulación de estos elementos en un mismo recinto. Separadamente, las plantas de gas y las estaciones de combustibles líquidos han operado dentro de marcos aceptables de seguridad, pero no hay garantías de que ocurra lo mismo al juntarlas. Hay que ser cautelosos para evitar que lo legítimo llegue a sacrificar  lo conveniente.

Moralmente descalificados
En quince días han sido asesinados ocho miembros de la Policía. No vamos a soslayar que también los policías han abatido a decenas de ciudadanos amparados bajo la presunción de inocencia, pero esta vez eso no viene al caso. La cuestión es que les exigimos a nuestros policías que salgan a batirse con los criminales, pero para esa tarea a un raso, para citar un ejemplo, solo le pagamos el equivalente de RD$150 por día.

Los ciudadanos queremos una policía eficiente y tenemos derecho a tenerla. La cuestión grave es que mientras a los policías se les condena a exponer la vida por una paga deshonrosa, y hasta a corromperse para poder “cuadrar” su presupuesto familiar, hay funcionarios, como diputados, regidores o gente ligada a entes recaudadores, que pueden aumentarse a su antojo sus lujosas retribuciones. Queremos y merecemos una policía eficiente, pero la paga que damos a sus miembros nos descalifica moralmente para exigirla.