De las innumerables y enormes vallas que se colocan en cualquier espacio a todo lo ancho y largo del país para la promoción de las candidaturas presidenciales y congresuales siendo las más relevantes funciones políticas-administrativas del Estado, una en particular, con igual sabor a pura demagogia de tantas otras me llamó atención.
El Dr. Raymundo Amaro Guzmán, el más destacado pionero de la Administración Pública Moderna, refiere en su libro “Derecho y Práctica de la Función Pública” como antecedente histórico la Orden Ejecutiva No. 66 /17 de reforma administrativa, durante la odiosa Ocupación Militar Norteamericana (1916-1929) seguidas de otras órdenes similares basadas en la Ley Pendleton (1883) “a raíz del asesinato del presidente James A. Garfield por un buscador de empleo” que instituye el Servicio Civil para erradicar la influencia política, requiriendo condiciones mínimas para nombramientos en cargos públicos.
Con la salida de las tropas invasoras y el afán reeleccionista del presidente Horacio Vázquez, surge el golpe de Estado del brigadier Rafael Leónidas Trujillo, moldeado por los invasores, quien una vez consolidada su dictadura con la Ley No. 43 del 1942 todo se vino abajo. De un plumazo anula las anteriores órdenes y crea una Comisión de Capacitación que al igual leyes posteriores sin ninguna incidencia, fueron eliminadas con la supresión del organismo rector en 1951.
Con el ajusticiamiento de Trujillo y la caída de su régimen oprobioso (1961) surgieron fuerzas innovadoras. Las puertas abiertas de la libertad y del saber científico y tecnológico estaban en la mejor disposición de prestar sus servicios y ser útil a su país. Esos caros ideales de la Gloriosa Gesta de Abril 1965, fueron frustrados con la nueva intervención armada de Estados Unidos. Terminada la contienda, el Gobierno Provisional del Dr. Héctor García Godoy, asistido por la ONU, a fin de reencauzar la República por el proceso de democratización y tecnificación de la administración pública, fue creado el Secretariado Técnico de la Presidencia y la ONAP. Numerosos proyectos fueron elaborados por distintas instituciones,(ONAP, ANEP, FENEPIA) pero la vuelta al poder del Dr. Balaguer en las elecciones de 1966, significó un duro retroceso.
Balaguer, de la escuela trujillista, no creía en reformas administrativas. Ningún proyecto prosperó. El Dr. Salvador Jorge Blanco sometió sendos proyectos (1983 y 1986) sin lograr la aprobación del Congreso. No fue sino en 1991, luego que el presidente Balaguer retorna al poder, cuando promulga la Ley No. 14/91, hábil maniobra política. Su gobierno y los del PLD particularmente, no fueron capaces de cumplir con su objetivo esencial: evitar que los ineptos ingresen a la administración pública, reinando, al contrario, el clientelismo, el excesivo abultamiento de la nómina del personal, botellas sin fondo con sueldos lujosos y la corrupción galopante, no obstante lo prescrito en los artículos 138,139,142 y146 de la Constitución del 2010. Juan Bosch, el desterrado, había advertido: “Un gobierno que no cuenta con funcionarios capacitados y honestos, nunca será un buen gobierno”. Pero Gonzalo no entiende eso, no acaba de entender que su promesa de ofrecer empleos como política de Estado es dañina. Lejos está de contribuir al crecimiento social – económico sostenido y aldesarrollo de la Nación.