El recurso a mentira, la infamia y el odio como arma de lucha política es tan viejo como la política misma, solo que hoy la revolución tecnológica potencia enormemente los efectos corrosivos sobre la persona o las colectividades contra las cuales se usa tan deleznable táctica. Ha sido tan sistemático el uso de este recurso en las relaciones de poder y en las esferas política, económica y social, que para mucho es tan normal como legítimo. De ahí la sistematicidad con que se recurre a semejante medio. Esta circunstancia es lo que lleva a muchos, casi siempre los mejores, a mantenerse al margen de la política y a otros tantos a preguntarse si vale la pena seguir metido en el lodazal en que discurre la política.

Diversos medios de comunicación, entre las que se destacan las redes sociales y muchas figuras hacedoras de opinión contrarios o al servicio del Gobierno de turno, se han convertido en verdaderas máquinas/industrias del acoso, del miedo y de la infamia. En el intento de detener esas máquinas, muchos juristas que entienden que el Derecho es una disciplina normativa para la salvaguarda de los derechos ciudadanos, crean y proponen las figuras jurídicas, entre otras, “delito de odio” que es la incitación a la violencia contra grupos humanos por razones étnicas, religiosas, por opción sexual, etc. y “delito de infamia o de injuria”: acciones que, aviesamente pensadas, están dirigidas a socavar la honra de una persona por razones política o personal.

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Son innumerables los delitos de odio que aquí se cometen, pero es llamativo y vergonzoso que un significativo sector intelectual y académico aceptara sin chistar que se propagase en sendos chats de universitarios y de pretendidos progres en que ellos participan, la falacia/disparate de que los EEUU presionaban a este Gobierno para que acogiese 3 millones de inmigrantes haitianos. Presentadores/opinadores de algunos medios televisivos decían que esos se sumarían a los ya “4 millones que estaban en el país”. Un absurdo.

En este pestilente pantano discurre la política en la generalidad de países, constituyéndose en factor de fortalecimiento y expansión de la ultraderecha en el mundo, algo que agravada la sistemática renuncia a la participación política de mucha gente de incuestionable valía por su talento y talante. En ese sentido, además de las propuestas por mejorar las condiciones de vida, la institucionalización y la cotidianidad de la gente en el territorio, deben aplicarse/instrumentarse medidas legislativas e institucionales para ponerle coto a los delitos de injuria y de odio. Solo así podría ser sostenible cualquier proyecto de cambio y de sana convivencia, no solo aquí, sino en el mundo.