Los temas migración y nacionalismo, no sólo están al centro de la política de la generalidad de los países más influyentes del mundo, sino que por diversas razones hoy día jalonan el futuro de la humanidad. Este aserto es una constatación objetiva de un fenómeno que cobra amplitud, al tiempo de tornarse tan complejo que nadie hasta el momento puede decir cuál será exactamente su desenlace. Estas cuestiones tienen una particularidad para nuestro país que no lo identifico en ningún otro y precisamente por eso debemos tratar de abordarlo con estricta objetividad.

Esta nos ha faltado en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas y las razones son múltiples y si no situamos los temas migratorios y nacionalismo en su justa dimensión, esa diferencia se acentuará con peores consecuencias para nuestro país, porque es el que más tiene que perder.

Desafortunadamente, en la generalidad de nuestra clase política (de todo signo), de importantes sectores sociales (de todo nivel económico) gente instruida (a todo nivel) y fundamentalmente en los más altos niveles del presente gobierno, en el tratamiento de la cuestión haitiana y migratoria no han podido sustraerse de la pasión y la sinrazón con que muchos suelen tratar estos temas aquí y en todo el mundo.

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Sólo la pasión y la sinrazón conducen a yerros en el tratamiento de nuestro particular problema migratorio: el gobierno pide a la ONU que contribuya a una solución de crisis haitiana apelando a una acción que, implique el uso la fuerza militar de parte de algunos países, pero recrudece las acciones de expulsión de nacionales haitianos indocumentados hacia un país abocado a una intervención militar. Además, comete el yerro jurídico político de evacuar un decreto, donde el presidente de la República atribuye una potestad a una institución del Estado que, según dice un destacado jurista, no le corresponde.

El presidente no puede, mediante decreto, ordenar la persecución y sometimiento a la justica de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o del Estado, ya que conforme a los artículos 29 y 32 del Código Procesal Penal: “la acción penal es pública o privada. Cuando es pública su ejercicio corresponde al ministerio público (no a Migración que no tiene facultad para juzgar ni condenar) sin perjuicio de la participación que este código concede a la víctima. Cuando es privada, su ejercicio únicamente corresponde a la víctima. Vivimos una situación delicada, no un estado de excepción ni ante una amenaza militar contra la soberanía nacional. En ese sentido, apelar a la razón/prudencia y no a las pasiones es lo más conveniente para la salud de la nación.