La bebentina, el bullicio, peleas, violencia de género y de otros tipos, contaminación por ruidos, desorden en el tráfico y otros males rompieron la tranquilidad original del proyecto habitacional La Nueva Barquita, en Santo Domingo Norte, que surgió como un modelo en el Gran Santo Domingo.

Ante el descalabro, dirigentes comunitarios reclaman a la Procuraduría General de la República (PGR) la apertura de la fiscalía en el lugar, para la que existe un local que lleva dos años y seis meses cerrado y han nombrado una fiscal y el personal de apoyo.

Estiman que con fiscalía disminuiría la ola de violencia, ruidos, desorden en el tránsito y otros males que toman fuerzas cada día en el complejo inaugurado el 30 de junio de 2016.

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Josefina Madé, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, así como Rosanna Florián Vallejo y otros líderes comunitarios, reclaman al presidente Luis Abinader la entrega de los títulos de propiedad a los casi 2 mil beneficiarios de los apartamentos.

Apelan a la sensibilidad del mandatario para que premie a los moradores de la Nueva Barquita de sus títulos de propiedad, porque, dicen, de esa manera tendrían acceso a créditos y otras facilidades.

Consideran los comunitarios que muchos de los males no han sido resueltos en el lugar por falta de un representante del Ministerio Público.

Citan la violencia de género, la contaminación ambiental por ruidos, menores deambulando por las calles a altas horas de la noche, conflictos entre vecinos y otros.

“A veces se presentan situaciones de violencia, pero la gente, por no ir a la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, en plaza Ghapre, donde tienen que pasarse tres días para una querella, mejor no la presentan, diferente a si tuviésemos una fiscalía aquí en Nueva Barquita”, argumenta la lideresa Florián. El Gobierno desarrolla otros proyectos habitacionales modelos, como el Domingo Savio.