El acuerdo que el país acaba de suscribir con el FMI pretende lograr la sostenibilidad  macroeconómica en base a modificación de la estructura fiscal en varios aspectos. Las cargas y exoneraciones sobre los  hidrocarburos son parte de las reformas. También incluyen la concentración en la Tesorería Nacional de todas las recaudaciones, incluyendo las de los municipios. Estas y otras iniciativas constan en la Carta de Intención.

La tutela del FMI siempre implica sacrificios en base a una disciplina vigilada por el organismo. El país tiene experiencia en esto y siempre, inclusive ahora, las preocupaciones enfocan hacia cómo distribuirá el Gobierno la carga de estas disciplinas a las que estaremos sometidos mientras dure el acuerdo. Por ejemplo, siempre se ha dicho que  son demasiado altas  las cargas sobre los combustibles, y ahora que el Gobierno se ha comprometido a manipular este aspecto, la pregunta obligada es cómo afectará esto la producción y el transporte de carga y pasajeros.

La estrategia presentada por el Gobierno al FMI deberá ser de una aplicación cuidadosa, de una distribución que evite ahondar el deterioro sufrido por los medios de producción debido a la crisis financiera global. Será necesario distribuir la disciplina de manera que la consolidación macroeconómica se logre sin los traumas de otros tiempos.

El eterno caos del transporte

El transporte de pasajeros, urbano e interurbano, es un caos permanente. Es un servicio público secuestrado por seudo sindicatos que aspiran a ejercer siempre el monopolio. Paralizar rutas bajo cualquier pretexto es una práctica de rutina. El martes fue uno de esos días en que miles de usuarios del transporte público llegaron tarde a sus destinos, debido a una de esas sorpresivas y antojadizas paralizaciones del servicio. Ninguna autoridad parece decidida a imponer reglas sobre esta conducta.

Hemos visto cómo choferes de un gremio sacan por la fuerza los pasajeros de los vehículos de otros gremios, o agreden a conductores que no se suman a una huelga. Es un servicio sin disciplina ni norma y, lamentablemente, al que las autoridades hacen más  concesiones de las que merecen. Los transportistas públicos tienen patente para violar las normas cuyo cumplimiento se exige a los conductores privados. Los pasajeros no merecen tanto desplante.