JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Debemos tomar muy en serio la declaración pública del presidente de la Cámara de Diputados, en el sentido de que hay militares de alto rango involucrados en este comercio que tiene en ascuas a una gran mayoría de la población dominicana, que ha visto con pavor, cómo ni los camposantos se salvan de este saqueo.

En la prensa ha sido denunciado, como en el cementerio de Hato Mayor desaprensivos, o mejor dicho ladronzuelos, con antorchas de acetileno cortaron y se llevaron las rejas de los panteones. Asimismo, cruces, candelabros e inscripciones hechas en bronce y aluminio, las cuales fueron fundidas y llevadas donde un exportador para que éste la comercializara y el producto final terminara en China.

Ahora nos damos cuenta de que el Código Procesal Penal es un elemento de ayuda a la delincuencia. Este adefesio, copiado,  o mejor dicho bajado del Internet en su gran mayoría de países más avanzados y con una educación muy superior a la nuestra,  fue la pieza jurídica invocada por un ciudadano chino que fue sorprendido con varios sacos de metales, en uno de los cuales se le ocupó el busto en bronce hecho añicos de la primera espada de la Restauración de la República general Gregorio Luperón. Este extranjero, no obstante haber sido detenido con el cuerpo del delito, y que debió haber sido deportado por tan grave accionar, fue puesto en libertad por un juez venal, por el tecnicismo legal de que se había cumplido el plazo legal de detención. Al actuar de esta manera, este magistrado no tuvo en consideración lo sacrosanto que es la figura del héroe para todos los dominicanos.

Volver a denunciar que las tapas del alcantarillado en nuestras principales vías han sido robadas con el peligro de que un vehículo caiga y cause un grave accidente, no es nada nuevo. Lo que sí debe llamar a profunda reflexión es el hecho de que en el túnel de la parte Este de la ciudad se hayan robado el enrejado para recolectar el agua cuando llueve. ¿Cómo es posible que en un lugar tan concurrido las autoridades no se hayan percatado de quiénes cometen este vandálico acto? En este caso es que se demuestra fehacientemente la denuncia de que hay «pejes gordos» del segmento militar, lo cual confirma el porqué todavía nuestras autoridades no han tomado los correctivos que darían al traste con este ilícito negocio, que es el dolor de cabeza de todo aquel que tiene, sea en su casa, oficina o negocio, alambre eléctrico, cables de aluminio o artículos de bronce.

Resulta vergonzoso que en un país en el cual no existen yacimientos cupríferos se exporten más de cuarenta millones de dólares de este metal, y lo peor del caso es que el Poder Ejecutivo regule la exportación del mismo por decreto. El problema surge porque es muy difícil establecer, una vez un cable o un trozo de metal haya sido fundido, si el mismo era un desecho o fue un metal robado.

Creemos que si las autoridades no solucionan el grave problema de la sustracción de objetos de metal y su subsecuente exportación, se pueden hacer reo de complicidad, o en el peor de los casos, que las personas o entidades llamadas a detener esta manera delincuencial de apropiarse de lo ajeno se hagan de la vista gorda, porque también participan en el lucrativo negocio. Por eso, es necesario que las autoridades se manejen con transparencia hacia una ciudadanía indefensa, que no puede estar veinticuatro horas vigilando sus pertenencias.

Si el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso como condición sine qua non que para firmar el Acuerdo de Stand By, el Congreso debía aprobarle la Ley General de Electricidad, dentro de la cual el robo de energía eléctrica se criminalizaba, de igual modo debió imponerle que la sustracción de cables del tendido eléctrico público fuese también un crimen, ya que atenta contra la economía de la República Dominicana que meses tras meses debe reponer redes de hasta diecisiete kilómetros, como fue el caso de Guerra-Bayaguana.

Es hora de que el Gobierno se defina, ya que no se puede actuar con «paños tibios» ante los antisociales que sin desparpajo y con la mayor libertad nos dejan sin bienes cuya reposición cuestan mucho dinero y, sobre todo en el caso de los particulares, grandes sacrificios económicos. El señor Presidente debe, como se dice vulgarmente, «ponerse las pilas» y de una vez y por todas decretar la prohibición de metales. Ahora bien, si en un futuro en nuestro país se descubren minas de cobre, entonces se derogaría dicha disposición. Debemos llevar paz y sosiego a una población que además debe cuidarse de los asaltantes y secuestradores. Adelante pues, señor Presidente, que tendrá el respaldo total de su pueblo.