La Cámara de Cuentas estuvo en entredicho por un escándalo que culminó con su desmembramiento tras un juicio político. Ahora ha vuelto a la picota pública porque se atribuye a sus miembros haber cobrado completa la regalía pascual, a pesar de que solo les correspondería una proporción por los dos meses y 15 días que a esta fecha tienen en ejercicio. Que se sepa, no hay un estatuto especial que los privilegie sobre  los demás asalariados amparados en el Código de Trabajo. La  Ley 194-04, de Autonomía Presupuestaria, del 28 de julio de 2004, no establece excepciones de esta naturaleza.

La actual membresía de la Cámara de Cuentas ha debido cuidarse de aparecer ante el público como actuando fuera del rigor  que les correspodería  para distanciarse del estilo cuestionado a sus antecesores. Un organismo de fiscalización de las cuentas públicas que haya pasado por una experiencia escandalosa, ha debido evitar  nuevas apariciones en la picota pública por la forma de administrarse, válida o no. Inclusive, si acaso hubiere un trato excepcional para los integrantes de esa Cámara, en materia de beneficios o prestaciones, se ha debido actuar con cautela y prudencia, siempre teniendo en cuenta el deterioro de la credibilidad sufrido con los antecesores. La tardanza en dar explicaciones precisas sobre el tema que nos ocupa  es causa legítima de preocupaciones.

Un país vigilante de sus intereses

La reacción de amplios sectores nacionales ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso Sunland y ante el pago aparentemente injustificado de regalía pascual completa a los miembros de la Cámara de Cuentas se suman a otros casos en que sectores representativos de la sociedad han puesto de manifiesto que no pasan por alto las cosas importantes que ocurren en el país ni pierden de vista la manera de actuar de sus autoridades.

Esta actitud de vigilancia debería generalizarse y convertir a cada ciudadano en una especie de vigilante, de auditor, de fiscalizador de lo que hacen las autoridades en las distintas instituciones. Y es una lástima que individuos y entes de la sociedad civil no le estén dando  un uso intensivo y persistente al derecho de acceso a la información pública, garantizado por una de las leyes más avanzadas de nuestros tiempos. Hay que generalizar el uso de estos instrumentos y ser cada vez más vigilantes.