Hace aproximadamente dos años cuando se conoció la propuesta del Consorcio Dominicano de Vías Concesionarias (DOVICON), que según nos han informado es la misma empresa colombiana que construyó la mal llamada “autopista de Samaná”, escribimos un artículo en el cual señalábamos que dicha proposición era inconstitucional ya que la misma atentaba contra el principio de “libre tránsito” que tiene todo ciudadano en el territorio nacional. Porqué afirmábamos esto, porque para establecerse una vía de peaje, el Estado Dominicano debe proporcionar una ruta alternativa para aquellos usuarios que no quieran hacer uso de la ventaja que le ofrece una carretera de peaje, que se sobreentiende que es más ancha,  acorta las distancias y se ofrece un servicio de emergencia.  Es por eso, que la carretera de primera que va desde Santo Domingo a Samaná no  es objetable, ya que si usted no quiere, tiene varias rutas alternativas, sea por San Francisco de Macorís, Piedra Blanca o hasta por sendas no asfaltadas.

El peaje que se construyó en La Penda, cuando se trató de ponerlo en vigencia, los conductores de vehículos públicos hicieron una protesta tan grande, que hasta un muerto resultó de los disturbios.  Posteriormente, una patana se incendió y parte del techo y de las instalaciones sufrieron graves daños.

La propuesta de DOVICON, empresa del sector privado presidida por el colombiano Armín Ricardo García Acuña y en la cual están involucrados funcionarios influyentes de este gobierno, establece una concesión por 30 años y se le permitirá, conforme a cuando ellos estimen que se han elevado los costos, aumentar el valor del peaje de acuerdo a su propio criterio. Se afirma, que en los cinco puestos iniciales donde se cobrará el derecho de rodaje, el monto será elevado de RD$30.00 a RD$60.00; es decir, el doble de la actual tarifa.

Al parecer, el “caramelito envenenado” que ofrece DOVICON, es proporcionar servicio de grúas, ambulancia, personal de vigilancia y el mantenimiento del asfaltado y las vallas contenedoras en las orillas.  También, pintar las rayas separadoras y cubrir cualquier bache que se forme en la vía.

Este acuerdo que será firmado por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones deberá ser sancionado por el Congreso, cuya composición cuenta con la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, no dudamos que la votación sea como vulgarmente se dice: “un clavo pasa’o”. Ahora bien, como sabemos cuál será la reacción de los usuarios, especialmente los del transporte público y pesado, las consecuencias pudieran ser funestas dado los enfrentamientos que ocurrirán. Al mismo tiempo, esos legisladores deben pensar en los ciudadanos que los eligieron y que ya no soportan más cargas impositivas, so pena de que las protestas se reflejen en los próximos comicios presidenciales y se vuelquen contra los candidatos oficiales del partido en el poder.

La experiencia que se ha tenido con CODACSA como concesionaria en casi las mismas condiciones, son decepcionantes.  Nada más hay que transitar desde Santo Domingo a San Pedro de Macorís para ver que el mantenimiento se ha limitado a limpiar las veras, pero en la capa de rodamiento hay muchos baches y desniveles, como sucede frente al poblado de Andrés y a la entrada al multimodal Caucedo.

Señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, pondere bien el costo político de esta acción y consulte con los usuarios antes de embarcarse en un acuerdo que posiblemente va a sobrepasar su permanencia en este valle de lágrimas.