Más que analizar el reciente discurso del presidente Abinadader, en el cual hace una evaluación de su primer año de Gobierno, me interesa plantear una reflexión sobre las reacciones y valoraciones que se han expresado en torno a esa pieza.

Por su forma y contenido, esas reacciones expresan usos y costumbre de determinadas colectividades políticas e individualidades que, en parte, explican lo que llamaría crisis de entendimiento de esta sociedad.

Sin aproximarnos al máximo a la objetividad, que no es solo una de las principales componentes del pensamiento científico, sino de la honestidad intelectual y personal, difícilmente podremos ser políticamente eficientes y eficaces. Esto es válido para el Gobierno como para la oposición.

Constituye un pobre sentido de la realidad no reconocer las profundas limitaciones del Gobierno, cuyo discurrir ha sido en una pandemia que a nivel mundial ha ocasionado alrededor de 4.5 millones de muertes y 213 millones de infectados. Aquí, cerca de 5,000 muertos y 350,000 contagiados.

Tampoco, registrar las acciones de un Ministerio Público que ha encarcelado a prominentes militares y cercanos familiares del expresidente Medina y de su “brazo secular”: el exprocurador general de la República y su estructura mafiosa.

Igualmente, se incurre en una falta de honestidad política e intelectual hacer declaraciones o escribir textos negando esa realidad y restarle valor al hecho de que en diversas instancias de la administración pública se ha puesto freno a la cultura del derroche y robo de los dineros públicos, que es una forma perversa de institucionalización.

Negar esas cuestiones, y decir que este Gobierno es una mera continuidad de la anterior administración evidencia esa inveterada tendencia de nosotros, los dominicanos, hacia el tremendismo verbal y al negacionismo.

Quienes en el ámbito político o profesional incurren en esa práctica pierden fuerzas en sus argumentaciones. El presidente Abinader ha llamado a una cumbre del liderazgo político y social para introducir algunas reformas que a su juicio institucionalizarían el país.

Esto puede ser una óptima ocasión para plantear que, además de esas reformas y de otras que podrían sugerirse, resulta imperativo ponerle freno a la preeminencia de los poderes fácticos en el Gobierno porque de mantenerse, cualquier proceso de reformas resultará insostenible.

Para eso se requiere que las colectividades e individualidades comprometidas con los sectores populares, articulen un discurso coherente, objetivo y suficientemente unitario para lograr impulsar con eficacia sus posiciones.

Se supone que la convocatoria, si se quiere que realmente sea para el inicio de la institucionalización del país, deberá permitir que las discusiones fluyan sin cortapisa, discutiendo las cuestiones que se consideren indispensables para un cambio de régimen y las que, institucionalizadas, lastran ese cambio.

Que se pase del discurso al camino de la práctica democrática, a la que en este país no están acostumbrados gobernantes como, generalmente, gobernados.