El asunto ese de la “ley de partidos” se ha convertido en un “issue”, en materia de enfrentamiento, querella y hasta de chantaje político. El PRD presiona por su rápida aprobación, tal y como está; el PLD por hacerlo “después”. Ya este le jugó una trastada al primero al colocarlo en agenda cuando era  previsible que perimiera al concluir la pasada legislatura. Pero el aquel lo aceptó. El chantaje tiene que ver con la bendita reforma constitucional, que aún le falta tiempo. Lo cierto es que esa es una ley “ex post” reforma y no “ex ante”.

Cuando las cosas llegan a ese punto,  el debate razonable  se malogra. Para las partes  únicamente valen los objetivos,  no ya las razones que pudieren esgrimirse en torno a un proyecto que ni es totalmente sabio ni absolutamente  malo. La realidad es siempre mucho más complicada de las pretendidas simplificaciones de los políticos. Como hay polarización los análisis se aplauden cuando son propicios y se rechazan los críticos. Afortunadamente,  el país no lo constituyen las cúpulas partidarias aunque nos lo quieran hacer creer.  

Si el proyecto respondiese a un genuino convencimiento para estimular la institucionalización y la democratización de los partidos hubiese insistido,  tanto o más que en las primarias,   en la necesidad de renovación periódica efectiva de las dirigencias. Presentar candidatos siempre viene después.  Si algo amenaza a  los afiliados y a la democracia  es  precisamente  “la sostenida tendencia oligárquica en los partidos”, detectada por el sociólogo (socialista por demás)   Roberto Michels, en 1911. 

La Cuba republicana influyó determinantemente  en la legislación electoral dominicana. Ciertamente no fue una buena adaptación la que nos hicieran los cubanos (La influencia mayor, HOY 18 de diciembre, 2007).   La dictadura de Trujillo cortó de cuajo cualquier  corriente de influencia democrática. Pero en Cuba se siguió adelante.

La mítica Constitución de 1940 avanzó en la constitucionalización de los partidos. Ya en el texto de 1928 se había introducido una referencia a los partidos.  En la de 1940,  su artículo 102 requería expresamente que estos debían “reorganizarse”  seis meses antes de las elecciones.  El requerimiento se desarrolló en la siguiente ley electoral de 1943. La reorganización era el proceso mediante el cual debían renovar sus asambleas y dirigencias. Nótese bien: antes de las elecciones. Nada de eso se exige entre nosotros, nuestra clase política se anquilosa y no “circula”: son los mismos desde hace 15, 20 y hasta 30 años.   

Ahora se quiere que los escaños y los puestos sean propiedad de los partidos para hacerle frente al “transfuguismo”. Este no es más que una expresión del chaqueteo político. Hay quienes han saltado entre los tres principales partidos. Lo hacen por inmadurez, porque no se encuentran, porque buscan tribuna o simplemente por oportunismo. Eso también le ocurre a los partidos “emergentes” (debían llamarse los “atorados”, porque tienen añales emergiendo y no acaban de terminar). Solo basta  revisar los pactos de alianzas para detectar aquellos que se han aliados con todos; pero siempre  con el que se perfila ganador.

Chaqueteo político se vio en las pasadas elecciones: ¿cuánta gente no se pasó a la reelección y le ofrecieron y le dieron cargos? Tránsfuga  es más específico: es el que ejerciendo un cargo electivo se separa del partido que lo presentó como candidato.  Más que declararse independientes lo que hacen es pasarse al partido contrario. El autor del proyecto es uno de ellos.

Lo paradójico es que son recibidos con bombos y platillos en el partido opuesto. Si se busca castigar al traidor, todos deberían repudiarlo pues tan travieso es el que se cambia como el que le da la bienvenida.

Pero una cosa es cierta, no hay en la Constitución, ni la que se va ni en la que  viene, posibilidad de destituir a legislador alguno por cambiarse de partido. Y si no lo estipula  la Constitución, una ley de seguro que no lo puede establecer. Por ello riñe y reñiría con la Constitución. Pretenderlo es pura bazofia.