En el Congreso está pendiente de sanción un proyecto de Ley de Registro de Títulos del que dependerá que se mantenga o elimine el caos en la materia en que se basa la legislación y todos los actos conexos.

Para nadie es un secreto que en este país, durante mucho tiempo, se han cometido todos los abusos y despojos imaginables en materia de titulación de propiedades. Por mucho esfuerzo que se ha hecho, no hemos logrado poner orden en esta actividad jurídica de tanta importancia.

Desde hace algunos años se trabaja en el Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras, que comprende la organización, clasificación y digitalización de millones de planos y títulos de propiedad de las Jurisdicciones de Tierras. Se pretende ponerle fin a una larga historia de deficiencias, adulteraciones y hurtos de documentos de esta naturaleza, que tantos perjuicios ha causado a miles de personas.

Ha sido una tarea ardua y lenta el poder recuperar miles de expedientes amontonados y descuidados, en los cuales el tiempo y el abandono ha hecho un trabajo destructivo. Para los objetivos del programa, es de una importancia insoslayable que el Congreso apruebe, a más tardar en este mes, el proyecto de

Ley de Registro de Títulos, legislación que permitirá modificar pautas obsoletas todavía vigentes. De no ser aprobada esta legislación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) retiraría el financiamiento y se paralizará el proceso de modernización de la Jurisdicción de Tierras, lo que tendría efectos terribles, pues quedaría trunco el trabajo ya iniciado y continuaría el desorden que ha caracterizado esta parte de la estructura jurídica del Estado.

Los resultados de la organización emprendida pueden verse en el departamento de Registro de Títulos de San Cristóbal, que desde mediados de diciembre del 2004 funciona como oficina piloto del proyecto de digitalización de archivos que ha permitido preparar debidamente la historia de 14 mil parcelas.

En manos del Congreso está, pues, la suerte de un programa de utilidad incuestionable en la garantía del derecho de propiedad.

Pero no aquí

Ninguna patente o franquicia, en ninguna parte del mundo, legitima la violación de los derechos de los demás.

En nuestro país, sin embargo, siempre es posible adquirir el derecho de fastidiar a los demás, con solo «sacar» una patente.

Así, el que «saca» patente para operar un colmado, que se supone es un establecimiento para el expendio de artículos de consumo general, adquiere el derecho a apropiarse de la acera, llenarla de mesas y sillas y «reventarle» los tímpanos con potentes «plantas» de audiofrecuencia a quienes viven en la periferia. Eso, sin contar los tumultos, pleitos y escándalos que arman los asiduos a estos centros de «diversión».

En cualquier país que se respete, la contaminación sonora es un delito penado por las leyes y la autoridad ni siquiera tiene que esperar que alguien se querelle, pues es tan nociva como cualquier otro tipo de contaminación.

En cualquier país que se respete, no hay manera de obtener patente para «poner» un colmadón y acabar con la existencia de todo el mundo. Pero eso ocurre en cualquier país que se respete, no aquí.