De participantes en la Cumbre

De participantes en la Cumbre

La corrupción, el excesivo gasto público, la reforma constitucional, la amenaza de la crisis económico mundial, la delincuencia y la falta de competividad de la economía dominicana son algunos de los temas que más preocupan a los dominicanos.

Esto se deduce al revisar el contenido de las numerosas propuestas que entidades de todo tipo presentaron a la Cumbre de las Fuerzas Vivas, convocada por el presidente Leonel Fernández, y que dio comienzo esta semana.

Organizaciones empresariales, sindicales y sociales, los poderes públicos, incluyendo el municipal  respondieron a la convocatoria para establecer la forma cómo República Dominicana sobrevivirá a la anunciada crisis mundial.

Ante el escepticismo de muchos de los sectores participantes y de algunos que se abstuvieron, el presidente Leonel Fernández se  comprometió a poner en práctica los acuerdos que se adopten y ha aplaudido el gran momento de solidaridad y unidad de las fuerzas vivas de la nación.

El gobierno cita como objetivo de esta cumbre  consolidar y profundizar la gobernabilidad democrática, asegurar la estabilidad macroeconómica a corto y mediano plazo y definir las acciones y políticas económicas, sociales e institucionales que deberán adoptarse y prevalecer en el largo plazo, para acelerar y reforzar las posibilidades de desarrollo. 

La “Cumbre por la unidad nacional frente a la crisis mundial” está concebida en dos etapas que cubrirán  puntos de los objetivos específicos de la cumbre.

En la primera se consensuará  un conjunto de medidas de corto plazo que integrarán  en un plan de acción para el 2009, que  atenúe el impacto negativo que deja sentir sobre la economía dominicana la crisis económica mundial, según explicó el secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo Temístocles Montás.

La segunda etapa busca acordar un programa de trabajo que permita arribar a un gran pacto nacional entre los actores políticos, sociales y económicos que plasme en una Estrategia Nacional de Desarrollo las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo para los próximos veinte años, así como los compromisos a ser asumidos por los distintos actores para el alcance de los mismos.

La primera etapa de la cumbre fue organizada en siete mesas de trabajo, a saber    Economía y Competitividad, Política Social y Empleo, Seguridad Ciudadana,       Electricidad e Hidrocarburos, Consolidación Institucional, Desarrollo Territorial, Medioambiente y Gestión Municipal, Migración y Frontera.

Cada Mesa de Trabajo cuenta con un cuerpo directivo, encabezado por un coordinador, moderador de debates, equipo de relatoría. Los moderadores designados son Lisandro Macarrulla, Franklin Báez Brugal, Servio Tulio Castaño Guzmán, Rafael Alburquerque, Marino Vinicio Castillo, Justo Pedro Castellanos, Emmanuel Castillo.

El total de las propuestas presentadas, incluyendo la de quienes solo la enviaron, pero no participan, se han incorporado a la agenda de las discusiones.

Se han repartido en función del tema de qué se trate, y sus exponentes podrán presentarla en la mesa de discusión que corresponda.

Según la metodología de trabajo explicada durante la apertura de la Cumbre, efectuada el pasado miércoles 28, en cada mesa de trabajo se podrán sentar hasta 50 participantes.

La primera etapa termina el 18 de febrero, cuando deberán entregarse los resultados de cada mesa para que las disposiciones puedan ser elaboradas y anunciadas el 27 de febrero.

La segunda etapa finaliza en mayo, con una propuesta de plan de nación.

La cifra

600 millones. Es el monto en que se han reducido las recaudaciones durante este mes de enero, debido a la reducción de la actividad económica, fruto de la crisis internacional,  que se ha reflejado en diversos sectores. Han influido la reducción de los precios del petróleo, de la actividad comercial y del turismo.

Economía y Competitividad

– Mantener estabilizados los precios de los productos que más consume la mayor parte de la población y que resultan indispensable para la propia subsistencia de la familia dominicana.

– Eliminar o reducir los impuestos al gasoil para abaratar los costos de producción y transporte de los productos agropecuarios.

– Fijar sueldos y jornales cónsonos con el costo de la canasta de consumo familiar básica.

– Establecer un programa de promoción de la competitividad empresarial en orden al mejoramiento de la producción y la productividad, y en consecuencia al empleo, así como a las exportaciones, con el objetivo de reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

– Diseñar un plan para eficientizar el gasto público.

– Plan masivo inversión e incentivo a la producción y el empleo: inversión masiva en infraestructura básica.

– Incentivar la creación de clusters productivos y de servicios.

– Aplicar el plan estratégico de las MIPYMES 2008-2013.

– Establecer un nivel de rentabilidad razonable para el empresariado dominicano.

– Disminuir paulatinamente la tasa del Impuesto sobre la Renta a las Sociedades hasta alcanzar un 15% conforme el cumplimiento de metas de recaudación que se ha establecido mediante un Pacto Económico y Social.

– Mantener un entorno macroeconómico competitivo a través de la reducción de las tasas de interés y evitar intervenciones distorsionantes en el mercado cambiario.

– Aumento del presupuesto de promoción Turística.

– Diseñar un programa de servicios de salud vinculado al turismo de salud.

– Desarrollar un masivo plan de viviendas.

Política Social y Empleo

– Reconocer la importancia y el significado especial de los derechos fundamentales, es decir: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

– Asignación de las partidas presupuestarias establecidas para cumplir el Plan Decenal de Educación 2008-2018, iniciando con la establecida de 2009 ascendente a 2.8% del PIB.

-Reorientar las políticas educativas priorizando la educación técnico profesional como parte importante de la política de empleo y desarrollo.

– Progama de  empleos productivos transitorios (entre 3 y 7 meses), priorizando las jefas y jefes de hogares en comunidades pobres. Ejecutar obras y servicios sociales de interés para las comunidades.

– Programa de subsidios a empresas para evitar despedidos masivos de trabajadores.

– Incrementar la formación y capacitación de la mano de obra para elevar su productividad.

– Ejecución de proyectos de autoempleo, orientado principalmente a la población joven.

– Capacitar y brindar asesoría técnica en gestión empresarial a personas de las zonas rurales, suburbanas y urbanas.

– Fomento de la cultura emprendedora a nivel nacional.

-Ampliar los servicios públicos de intermediación de empleo.

– Revisar  la rentabilidad de los Fondos de Pensiones y dotarlo de  mayores garantías.

– Inicio inmediato del régimen Contributivo Subsidiado.

– Reestructurar  el Seguro de Riesgos Laborales.

Seguridad Ciudadana

– Fortalecer las políticas y medidas para contrarrestar el crimen organizado, consumo y trafico de drogas y estupefacientes.

-Fortalecer los mecanismos institucionales, policiales y judiciales a fin de reducir a su mínima expresión la impunidad de los transgresores de la ley.

– Incrementar efectividad del sistema de justicia penal en la investigación, persecución y acusación de  delitos y crímenes.

– Promover programas que presten asistencia integral a niños y adolescentes en situación de desamparo y abandono familiar, integrantes de bandas o naciones, en conflicto con la ley penal o asociados con adultos para la comisión de delitos.

– Continuar de inmediato y con carácter de urgencia, la Reforma de la Policía Nacional en todos los ordenes e implementar medidas que propicien la seguridad ciudadana, la paz social y el respeto a los derechos humanos.

– Diseñar un plan para la seguridad ciudadana.

– Diseñar programas eficientes e integrales que faciliten la reinserción social y laboral de los condenados que han cumplido su pena. Estos programas implican programas de capacitación y apoyo al interior de las prisiones y acompañamiento y asesoría tras su puesta en libertad, y que luego incluyan medios dignos de sustento para los ex-internos.

– Programa para disminuir la cantidad de armas de fuego en manos de particulares.

– Incrementar los programas integrales de desarrollo social y comunitario en las zonas rurales y urbanas del país caracterizadas por una  mayor exclusión social, a través de la capacitación de los jóvenes para su inserción laboral, así como el mejoramiento de la calidad de los servicios sociales fundamentales.

Electricidad e Hidrocarburos

– Retomar la reforma del sistema eléctrico nacional, implementando en el más breve plazo un plan integral de soluciones.

– Aplicar un verdadero Plan Nacional de Ahorro y uso eficiente de la energía.

– Eliminar subsidios cruzados en tarifa a clientes

– Terminar autopista eléctrica

– Revisar inmediatamente los Acuerdos de Madrid, para eliminar los contratos onerosos y toda forma de alteración de los costos reales de la producción y el servicio de energía eléctrica.

– Reglamentar facilidades para el autodesarrollo de proyectos de energía renovable por parte de establecimientos adecuados para ello, como los turísticos, fincas.

Aprobar con carácter de prioridad la ley de fomento a las energías renovables (etanol, bio-diesel, solar, eólica).

– Solución integral al problema eléctrico que respete el derecho del sector turístico de ser considerado como usuario no regulado, cumpliendo con la Ley General de Electricidad.

– Plan para revisar la fórmula de cálculo del precio de paridad de importación establecido en la ley de Hidrocarburos para todos los combustibles.

– Reducir el tamaño de la CDEEE a los niveles requeridos para sus funciones legales, traspasando la responsabilidad de la UERS–PARA a la empresa de transmisión, como se ha establecido en la ley 125-01 a fin de que deje de ser intermediaria entre generadores y distribuidores.

– Prestar atención a las inversiones necesarias para facturar y cobrar el 38% de los usuarios que actualmente no se miden y no se facturan por falta de inversión en las empresas de comercialización.

– Programa para fortalecer la independencia de la Superintendencia de Electricidad.

Consolidación Institucional

Lucha conta la corrupción

– Exigir el respeto a la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes y promover la transparencia en la gestión publica.

-Fortalecer la independencia del Ministerio Publico y crear la figura del Fiscal Anticorrupción.

– Aprobar el Proyecto de Ley contra la corrupción Administrativa que actualmente cursa en el Congreso Nacional.

-Transparentar las acciones de la Cámara de Cuentas para que recobre su credibilidad y que existan mecanismos de control ciudadano para que se aboque a ejercer sus funciones.

 -Eliminar toda participación del Poder Ejecutivo en la elección de los titulares de la Cámara de Cuentas y que pase a ser elegido por el Congreso Nacional y, a fin de asegurar una mayor pluralidad de fuerzas en su elección.

-Promover el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Publica, Ley sobre Declaración Jurada de Bienes, Ley de la Función Publica y Carrera Administrativa, Ley de Austeridad del 2007, Ley sobre Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado.

– Examinar a profundidad el proceso de reforma de la Justicia y establecer un marco de criterios, parámetros e indicadores que a la vez que orienten a los jueces en la provisión de servicios concebidos en función del desarrollo humano, sirvan al Poder Judicial y a toda la sociedad dominicana a estimar y evaluar adecuadamente el desempeño de la administración de justicia y los resultados obtenidos hasta el momento.

– El Congreso debe ejercer la función de contrapeso frente la actividad del Ejecutivo, asegurando el balance en el ejercicio del poder público.

– Dar ejemplo con las sanciones de actos de corrupción en organismos de administración publica.

Desarrollo Territorial, Medioambiente

– Mejorar el acceso a servicios públicos para los habitantes de la zonas rurales, sobre todo en educación y salud, alimentación, recreación, telecomunicaciones, carreteras, caminos vecinales, que permitan mejor calidad de vida para los trabajadores del campo.

– Reducir el gasto corriente y reasignar los fondos a inversión en capital distribuidos en forma equitativa en las prioridades de las provincias, con especial atención al apoyo al desarrollo económico que las obras ejecutadas puedan aportar.

– Implementación total de la Ley 166-03, transfiriendo el diez por ciento de los ingresos no especializados del Gobierno Central a los Ayuntamientos y Distritos Municipales del país.

– Ciudad y el Municipio de Santiago (CDES) Concesionar la construcción del Puerto de Manzanillo, puerto natural de las exportaciones agrícolas de la zona, reduciendo costos al mercado de USA.

– Avanzar en el establecimiento del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.

– Formular Plan Integral de gestión de Riesgo vinculado a los desastres naturales que ordene la cuenca del río Yaque del Norte y asegure su protección.

– Divulgación de la Ley de Aguas para conocimiento general.

– Ejecutar Programas de purificación del aire: reducción de entaponamiento del tráfico, disposiciones para las plantas de emergencia e inversores, control de gases industriales.

– Informar sobre los programas de recolección y disposición de basura, residuos industriales y aplicación de agroquímicos en la agricultura.

– Evitar extracción indiscriminada de agregados y prohibir su exportación y enfrentar la depredación de las áreas protegidas.

Migración y Frontera

– Reforzar la frontera y aplicar un programa de regulación del estatus legal en territorio dominicano de todo aquel inmigrante que cumpla con los requisitos que exige la ley de migración, bajo estrictas medidas de respeto a los derechos humanos.

– Adoptar planes concretos  para el Desarrollo Fronterizo.

– Colaborar con el desarrollo de Haití con proyectos de desarrollo común.

– Fomento de la productividad y competitividad agropecuaria en zona fronteriza.

– Potenciar el Comercio bilateral en la Zona Fronteriza

– Reglamentación del status migratorio de los extranjeros que ingresaron o permanecen ilegalmente en el país.

– Mecanismo de interrelación con la diáspora dominicana en el exterior, incluyendo la asistencia para el fomento de actividades económicas extra territoriales.

– Previsiones sobre el posible retorno de la diáspora dominicana ante la crisis económica mundial.

– Regulación de las deportaciones de dominicanos que han cometido delitos en el exterior.

– Reglamentar el status migratorio de los extranjeros que ingresaron o permanecen ilegalmente en el país.

– Definir de manera urgente e impostergable, una política migratoria nacional.

– Definir e implementar una política migratoria que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

– Medidas para detener la inmigración haitiana.

– Que el Estado asuma un papel más activo y consistente con respecto a la migración, en el marco de la ley y respecto a los derechos humanos, con la mayor regularización y transparencia valorando el aporte de los trabajadores migrantes en el país.

Una participación masiva

A pesar de la notable ausencia del Partido Revolucionario Dominicano, principal fuerza opositora, la participación a la Cumbre ha sido masiva, tanto en el número de entidades y personalidades, como en el de las propuestas formuladas, las que abarcan todos los ámbitos.

Están presentes representantes de prácticamente todas las entidades públicas, incluyendo de los poderes Judicial y Legislativo, de los ayuntamientos y de la Junta Central Electoral.

La comisión organizadora la integran monseñor Agripino Núñez Collado, Antonio Isa Conde, y el secretario de Economía, Planificación y Desarrollo.

Se  han identificado hasta ahora a unas 50 entidades de todo el país, que enviaron la listas de las medidas que a su entender debe adoptar el gobierno para enfrentar algún problema específico o general, y que luego han hecho presencia en la actividad.

Otros, como el caso de Participación Ciudadana, enviaron propuesta pero no asisten formalmente. También se incorporó una serie de planteamientos hechos por el dirigente del PRD Miguel Vargas Maldonado a través de la prensa.

Participan, además, desde el sector empresarial, las asociaciones de Industriales de Haina, Industrias de la  República Dominicana, de Jóvenes Empresarios, de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Comerciales e Industriales de Santiago, de Concesionarios de Vehículos de Motor, de Industriales de Herrera, de Industriales de la Región Norte, de Constructores y Promotores de Viviendas, de Exportadores, y de Hoteles y Restaurantes.

También el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Federación de  Cámaras de Comercio, la Junta Agroempresarial Dominicana y el Patronato Nacional de Ganaderos y la Confederación Patronal

También participan con propuestas y su presencia el partido Alianza por la Democracia, Asociación de Profesionales de la Administración, las Cámaras de Comercio y Producción de Santo Domingo y Santiago.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical, Consejo Económico y Social Institucional, Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, Consejo Renovador, Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio.

Participan la Federación Dominicana de Municipios, Fundación Institucionalidad y Justicia, Fundación El Pas, Panamericana Development Fundation, Partido de los Trabajadores, Partido Popular Cristiano y Partido Reformista Social Cristiano, así como Participación Ciudadana, que envió su propuesta pero no acudió.

Participación propositiva tienen también la Suprema Corte de Justicia, el Senado de la República, y numerosas personalidades que se han incorporado.

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