Si la frase del reciente discurso presidencial – “no perdamos el tiempo lanzando piedras hacia atrás” – significara pasar por alto disposiciones de nuestra recientísima Constitución, proclamada en nombre de una revolución democrática por reconocer derechos y deberes de “última generación”, estaríamos lanzando piedras sobre ella hasta convertirla en los destrozados pedazos de papel que éstas caen cuando se incumplen.

Entonces todas sus disposiciones quedarían expuestas a convertirse en letra muerta minando las bases que deben primar en toda nación que aspire regirse civilizadamente, procurando paz y orden, su institucionalidad democrática y soberanía; indispensables para superar condiciones de vida.

Nuestra Constitución contiene disposiciones que sancionan irresponsabilidades en manejos de recursos que deben ser celosamente respetadas que debemos convertirlas en Credo cuasi-sagrado.

Sobreseerlas magnificaría injusticias imperantes y crearían precedentes perpetuadores de presentes y futuras violaciones de lo que constituye el acuerdo fundamental de la nación.

Su art. 128.2 obliga al Presidente de la República  “velar…por la fiel aplicación de las rentas nacionales…”.

El Párrafo del art. 234 “prohíbe el traslado de fondos de una institución a otra sin que medie una ley”.  El  236 precisa que “ninguna erogación será válida si no estuviere autorizada por ley y ordenada por funcionario competente”.  El 148 establece que los “funcionarios o agentes serán responsables ..…por los daños y perjuicios ocasionados a personas…por una actuación u omisión…”;  daños inconmensurables cuando se trata de una nación.

El estatuto de función pública instituido en su Art. 142 adjetivado por la ley 41-08 expresa en sus artículos 90 y 91  que “…el Estado y el servidor público…serán solidariamente responsables y responderán patrimonialmente por daños  y perjuicios…” causados.

Todo ello forma parte del Credo que debe ser cumplido para la salud moral y política de la nación.

Incluso nuestra dominicanidad y soberanía podría quedar cercenada de no lanzar piedras a jaurías que después de haber saqueado las arcas públicas, pretenden diezmar la autoridad conferida por gobernados a sus gobernantes.

Si para preservarlas hay que lanzar piedras a esa jauría que pretende deshacer las hermosas previsiones diseñadas, hay que hacerlo de la misma manera como David enfrentó a Goliat con una.

De lo contrario se corre el riesgo que nuestra Constitución sea completamente rota a pedazos por piedras lanzadas por gobernantes. Y lo que es peor: que gobernados, alentados por el deber impuesto en ese mismo Credo constitucional de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto al patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública” (art.75.12) terminen reburujándolo con piedras.

Así lo que pudo resolverse lanzando piedras  puede convertirse en pedradas intercambiadas, de imponderables consecuencias.