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POR CLAUDIO CABRERA
Los reclamos de los sectores más representativos que llevaron la voz cantante en las demandas para la adopción de una reforma que no lesione sus intereses y los del país, se sintieron con tal intensidad que definieron los rasgos más visibles de la nueva reforma fiscal destinada a convertirse en la compuerta para que Replica Dominicana se adentre al acuerdo comercial RD-Cafta.
El mayor estertor fluyó de la AIRD, entidad que agrupa al sector industrial de capital criollo, el cual, por haberse constituido sobre la base de una lenta configuración del sistema industrial dominicano erigido desde principios de los años 50 y 60, acumuló una gran obsolescencia tecnológica y falta de competitividad.
Esta situación se debió, en parte, a la carencia de una visión gerencial correcta sobre los cambios que se avecinaban hacia los 80 y en parte, al hecho de haberse acomodado a leyes de incentivos otorgadas en el país por los gobiernos en los años 70, cuando ya el esquema estaba moribundo en la mayoría de los países de la región.
En parte, esto reflejó en la industria local una actitud de tradición similar a la de los españoles del siglo XIX, cuyos relojes, según señalara el intelectual argentino Aníbal Ponce, marcaban las doce del mediodía cuando ya en el resto de Europa eran las seis de la tarde.
¿QUIÉN LLORA POR QUIÉN?
En la AIRD hay testigos de que la adaptación a las nuevas normas que fueron imponiendo las reglas mundiales, fueron la clave de la supervivencia. Había que modernizarse a toda costa, tanto en la tecnología gerencial, como en las maquinarias.
De aquí que la vanguardia industrial del país no se arredró ante el llamado al libre comercio y acudió para anteponer su escudo ante la competitividad de un país estructuralmente mal situado por tradición, donde las reformas han marchado lentas y aún empiezan a establecerse cambios novedosos, tanto en el Estado como para operar el sector privado.
CONEP-AIRD: APOYO A COMPETITIVIDAD
De acuerdo con la licenciada Elena Viyella, presidenta del Conep, los sectores productivos dominicanos no podrían sobrevivir a una competencia en la que países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala y El Salvador, cuentan con acceso a fondos disponibles de liquidez a través de la banca que en República Dominicana no se disponían.
También citó la necesidad de reducir el impuesto oculto que representa la existencia de una factura eléctrica altamente encarecida con un servicio ineficiente, mientras que en esos países se cuenta con una energía mucho más barata y eficiente.
En ese sentido, la licencia Viyella abogó porque mejore el acceso a la banca, que en el país casi no existe para las pequeñas y mediana empresas, así como las tasas de interés bancarias, las cuales últimamente han entrado en una etapa de significativa baja.
A su vez, la licenciada Yandra Portela, presidenta de AIRD, sostuvo que los sectores productivos no estarían jamás en capacidad de conquistar mercados externos con un entorno productivo tan difícil como el que prevalece en el país.
Para la licenciada Portela, es preciso que el gobierno atienda las peticiones del sector industrial local, a fin de que pueda adentrase al RD-Cafta y pueda seguir compitiendo con eficacia y mejorar su capacidad productiva, gerencial y tecnológica.
Si no se adoptan los cambios propuestos por los productores nacionales, sostiene la presideta de AIRD, entonces la industria caerá y con ello subsistía el peligro de que se pierdan de una vez, entrado en vigor el RD-Cafta, más de 400,000 empleos en todo el país.
Luego de ser aceptadas gran parte de las peticiones hechas para dar soporte el sector industrial, tanto la presidenta del CONEP como de la AIRD señalaron que por su lado, a pesar de algunos obstáculos aún, consideraban que el país debía estar preparado para adentrarse al RD-Cafta y no quedarse aislado. Uno de los principales peligros que acecha a la economía dominicana y a los productores es que ocurriese una desviación de comercio hacia otros mercados más competitivos.
La presidenta de la AIRD sostuvo que si bien no todas las demandas presentadas fueron acogidas, se trató de hacer la mejor negociación posible, garantizando que la reforma sea compensatoria y que la población no será cargada con más impuestos, ni tampoco los sectores productivos en sus actividades desde el origen.
EL SECTOR AGROPECUARIO
Otro de los sectores que más abogaron por que las autoridades acomodasen su participación para evitar ser arrollados por el carro de la globalización, lo fue el sector agropecuario.
Aún de esta manera, los productores de estos renglones se han opuesto a la firma del RD-Cafta y a que se apruebe una reforma fiscal para facilitar lo que consideran el aniquilamiento de gran parte de la producción del campo.
Empero, la JAD considera que si bien es cierto se pueden lograr mejorías a través del RD-Cafta a través de una revisión pausada, se han obtenido avances que hay que preservar y luchar por otras conquistas para proteger al agricultor dominicano. Para ello exigen medidas compensatorias adecuadas.
Los comerciantes
El presidente de la FDC, Iván de Jesús García, planteó que la aplicación de aumentos al Itbis sería inflacionaria, por lo que solicitó que los más pudientes de la sociedad dominicana asuman los mayores costos.
Consideró innecesario gravar con un 2% a las importaciones, así como aplicar un 5% anual a los certificados financieros, en tanto planteó necesario aplicar una categoría superior al Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las sociedades y compañías con un monto superior al 35%.
Ricardo Fondeur, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, solicitó establecer nuevas leyes de compensación social por el gobierno, para que sea menos pesada la carga financiera que representa para el país el DR-Cafta.
EL GRUPO LEÓN JIMENES
Al llegar al punto neurálgico las discusiones en torno a los alcances de la reforma fiscal para llegar al RD-Cafta, el Grupo León Jimenes planteó, mediante un estudio contentivo de una propuesta de reforma tributaria, que se asuma una reforma integral.
Resaltó el grupo empresarial en el documento que uno de los componentes de esa reforma tributaria debe estar relacionado con el gasto público la propuesta de que se analice su utilidad, vigencia y necesidad de todos y cada uno de los organismos, agencias y Secretarías del gobierno.
Considera que el Estado debe de estar integrado por funcionarios de carrera administrativa, en aras de tener una administración más eficiente.
El presidente del Grupo, señor José León Asensio, dijo en su oportunidad que la propuesta procura encajar la próxima reforma tributaria dentro del contexto de un programa nacional de reformas estructurales que persiga un aumento sostenido en el nivel de vida de los dominicanos.
La propuesta planteó una ampliación de la base del Itbis para extender la cobertura del 50% del PBI actual, en alrededor del 60% a través de la inclusión de prácticamente todos los rubros de gastos, excepto la canasta familiar, medicinas, combustibles, salud, educación, servicios financieros, servicios de transporte y Gobierno.
LOS SINDICALISTAS
Uno de los sectores que más ha rechazado de plano la adopción de una reforma fiscal para facilitar la concreción del RD-Cafta, ha sido el sindical.
Las organizaciones que agrupan a los trabajadores han llamado a la cautela con esta pieza y señalan, como en el caso del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), que la reforma fiscal preparada para adentrarnos al acuerdo RD-Cafta, y que fue acordada entre el gobierno y empresarios empeorará las condiciones de vida de los dominicanos más pobres.
El vicepresidente del CNUS, Rafael Abreu, sostiene que se trata de un acuerdo que sigue cargando sobre la mayoría de la población el costo de la reforma que se plantea y al hacer esto, en lugar de contribuir a reducir la pobreza, como está planteado, puede contribuir a aumentar la desigualdad social y la inequidad que existe.
Refirió que se le entregó al gobierno una propuesta para que incremente en por lo menos 1.95% del PBI el gasto social, pero lamentó que la comisión gubernamental se limitara a escucharlos para reunirse la semana siguiente.
Afirmó que el 98% de los impuestos los pagan los pobres a través del Itbis, pero que en la reforma que está planteada sólo el 18% de los gravámenes afectará a los sectores poderosos.
