Muchos conciudadanos ignoran las cosas más elementales acerca de la justicia. Incluso, confunden Suprema Corte con Ministerio Público, y no saben dónde encaja la Policía en el cuadro. Igualmente, son demasiados los que le temen y desconfían de esas “instituciones”. Tampoco pueden imaginarse cómo llegó hasta nosotros este andamiaje de leyes, tribunales y abogados, cuyo origen se remonta todos los conflictos que padecieron los ancestros de las hoy naciones desarrolladas del mundo. Crudos inviernos, hambrunas, epidemias y muchas guerras, obligaron a esas naciones a organizarse. No menos cierto, tuvieron en los regímenes imperiales de Roma y de Grecia,  la fuerza compulsoria de su civilización. Y  “La Palabra”, el mensaje liberador de Jesucristo que, mediante la conversión de Roma, promovió la libertad, la hermandad y la igualdad entre los humanos; que fueron primero en Lutero y Calvino y solo después, en la Revolución Francesa. Las dos guerras mundiales y docenas de conflictos intestinos durante los siglos recientes, hicieron que esos países se dieran plena cuenta de que los conflictos sociales son connaturales y sempiternos en los conglomerados humanos, sean capitalistas o socialistas.

Todos los ciudadanos de esos países están hoy (“nacen”) plenamente convencidos de que la manera más inteligente y productiva, práctica y exitosa de manejar los conflictos, es la justicia; dicho en lenguaje sociológico: la institucionalización del conflicto (Dahrendorf); manejar los desacuerdos y las rivalidades mediante procedimientos legales, ya sean componedores amigables, juzgados manejadores de desacuerdos y tensiones, o si se es terco y obstinado, mediante abogados y tribunales.

En el corto plazo, los actores, sea el gobierno o sectores privados, o partidos políticos u otras fuerzas sociales,  pueden intentar con algún éxito manipular las masas,  o a los adversarios, desviando la atención, ocultando evidencias o haciendo chicanerías y truculencias en los procedimientos y las altas cortes, produciendo efectos “benignos”, “estabilizadores” y “tranquilizadores”  en el corto plazo. Pero las injusticias acumuladas, los crímenes y desfalcos acallados por más allá de ciertos límites, desencadenan violencia social de variadas especies y profundas consecuencias. En este país, toda la conducta delictiva, de cuello blanco y del sector popular, así como las tensiones y los conflictos sociales de clase o de sectores; o entre grupos de intereses políticos o de otra especie, la han estado “manejando” el gobierno y el grupo dominante, mediante la violencia policial, la co-optación de clases medias y el clientelismo a los sectores populares. La buena imagen y las buenas acciones del gobierno del presidente Medina contribuyen mucho a la gobernabilidad. Pero aún están a la espera los grandes problemas nacionales jamás resueltos. Muy poco ayudan el maquiavelismo de los grupos oligarquizados peledeístas, perredeístas o reformistas; el contubernio con embajadas y grupos transnacionales; tampoco las organizaciones delictivas y afines en la policía y las fuerzas armadas. El habitual apañamiento demagógico de los grandes conflictos, y de  los delitos económicos y de  lesa patria, no puede, en el largo plazo (harto vencido), sustituir el papel de la justicia social y de la justicia institucionalizada.