¿Cómo es posible que una madre y su hijo pasen de tener solo RD$3 mil en su cuenta bancaria a manejar más de RD$630 millones y múltiples propiedades en solo dos años? Esa es la pregunta que rodea a Melvin Castillo Hernández y Angélica Inés Tejada Hernández, quienes conformaron la empresa White Castle Real State SRL en La Vega.

Según las investigaciones de la Procuraduría Especializada Antilavado y la Fiscalía de La Vega, la empresa, lejos de ser un negocio próspero, era una fachada sin operatividad real. Según las autoridades, las enormes sumas de dinero movidas por White Castle Real State provienen de actividades ilícitas, incluyendo tráfico de mercancías, defraudación tributaria y lavado de activos.

Melvin Castillo Hernández es señalado como el principal responsable de estas operaciones fraudulentas, utilizando a su madre como prestanombre. Ninguno de los dos ha podido justificar el origen lícito de los fondos acumulados.

La Fiscalía ha realizado varios allanamientos e incautaciones, incluyendo una vivienda de tres niveles donde se encontraron mercancías ilícitas, así como un establecimiento tipo “drink-colmado” y otras propiedades valoradas en unos RD$25 millones. Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024 tras ser vinculado con el almacenamiento de mercancías ilegales en el sector del Estadio Olímpico de La Vega.

En los allanamientos, las autoridades confiscaron productos ilegales como 112 aires acondicionados nuevos, cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de RD$10 millones en efectivo, un arma de fuego, y diversas piezas y joyas de alto valor.

La investigación financiera revela que Melvin Castillo Hernández pasó de mover apenas RD$3 mil en su cuenta bancaria en 2022, a transacciones que superan los RD$585 millones entre 2022 y 2024, sumando un total de RD$632,545,766 al considerar otros depósitos adicionales de RD$46,958,927.

Los imputados enfrentan cargos por violación de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Ley 17-19 sobre Tráfico Ilícito de Mercancías, la Ley 168-21 sobre Contrabando, y la Ley 11-92 de Régimen Tributario, así como la Ley 183-02 Monetaria y Financiera de la República Dominicana.

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