El 25 de abril de 1651, Thomas Hobbes firmaba la dedicatoria del Leviatán, esa soberbia metáfora del Estado, cuya finalidad esencial consiste en garantizar seguridad al individuo y paz a la comunidad de la que éste forma parte. En el capítulo 13 de ese texto señero del pensamiento político se puede leer: “Todas las consecuencias que se derivan de los tiempos de guerra, en los que cada hombre es enemigo de cada hombre, se derivan también de un tiempo en el que los hombres viven sin otra seguridad que no sea la que les procura su propia fuerza y su habilidad para conseguirla. En una condición así, no hay lugar para el trabajo, ya que el fruto del mismo se presenta como incierto; (…) no hay conocimiento en toda la faz de la tierra, no hay cómputo del tiempo; no hay artes; no hay letras; no hay sociedad. Y, lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”.
Se trata de uno de los retratos más sobrecogedores, acaso por lo morbosamente seductor, que de la condición humana ha ofrecido la regia tradición de la filosofía política occidental. Se trata de un retrato del ser humano en las condiciones previas a la aparición del Estado, de la ausencia, en fin, del Estado, de sus instituciones, de su sistema normativo. Algunos hechos recientes en nuestro país me han hecho volver al Leviatán, 365 años después.
En su edición del pasado 29 de febrero, el periódico Listín Diario daba cuenta de que, entre el año 2013 y el 2015, en el país se registraron 64 linchamientos. Aclaraba la nota que se trataba de “cifras ofrecidas por el Departamento de Información y Estadísticas de la Policía Nacional”. Se trata, sin duda, de una cifra que atemoriza. Pero más preocupante que el frío número, -siempre en cuestionamiento por el subregistro que caracteriza el peculiar universo de nuestras estadísticas- es la realidad a la que el mismo alude. Y tan preocupante como esa realidad, es el aplauso creciente que concitan hechos de esa naturaleza.
El caso del “General Ranger” es una muestra elocuente de esa morbosa afición en importantes segmentos de nuestra población.
¿Cuál es la realidad detrás de esos- validemos la cifra- 64 linchamientos? ¿Qué es lo que subyace al nutrido aplauso que suscita un hecho que empezó con el atraco a un general en retiro, y que minutos después fuera saldado con un tiro de fusil a la cabeza de un sujeto que había sido aprehendido y sometido por agentes policiales? Se trata, probablemente, de la expresión suprema de la inseguridad, de la generalización del miedo pánico que supone vivir en una sociedad en la que el Estado no responde por sus ciudadanos ni siquiera en las situaciones más críticas que lo ameritan. Se trata, en definitiva, de la ausencia del Estado.
A esa ausencia del Estado nuestra sociedad se ha venido acostumbrando en un mudo y creciente proceso de resignación que se resuelve en la búsqueda de soluciones individuales a problemas por los que el Estado debe responder mediante políticas públicas de impacto colectivo: Cisternas y tinacos; plantas eléctricas e inversores; colegios privados; verjas, sistemas de alarmas y guachimanes; clínicas y seguros de salud privados, son las respuestas individuales a la inveterada ausencia del Estado en renglones tan sensibles como el suministro de agua, de electricidad, de educación de calidad, de seguridad ciudadana, de salud pública universal y de seguridad social en los términos que se le imponen a un Estado Social y Democrático de Derecho, como solemnemente define al nuestro el artículo 7 constitucional.
El denominador común entre tener que comprar un inversor, contratar un guachimán y pegarle un tiro de fusil a un sujeto sometido, es en esencia el mismo: la certeza de que el Estado no responde. Pero esa ausencia solo se presenta en su sobrecogedor dramatismo cuando el lenguaje que la expresa es el de la sangre. ¿Por qué? Porque soslayar la justicia, acudir al atavismo de la venganza privada, constituye la expresión suprema del quiebre de la autoridad estatal y de la erosión del principio de soberanía que supone la conservación en manos del Estado del monopolio legítimo de la violencia y de la fuerza.
Hace 365 años, Hobbes advirtió del riesgo permanente de retornar a la ley de la selva. Conjurar esa advertencia es nuestro mayor desafío como sociedad.