JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
En nuestro país, una de las principales metas del actual gobierno, según declaraciones del Presidente de la República como de sus principales funcionarios, es la disminución de la pobreza y la repartición equitativa de los bienes generados. Sin embargo, algunos funcionarios devengan sueldos,  por el desempeño de sus cargos, muy superiores al que deberían percibir en un país en donde el salario mínimo ni siquiera alcanza para quien lo percibe comprar la denominada «canasta familiar».

El ‘tupé’ de ciertos «funcionarios públicos asalariados privilegiados de creerse vedetes e imprescindibles dentro del tren gubernamental, es motivo de un malestar generalizado por el cual el actual gobernante pagará un alto precio al momento de efectuarse las elecciones presidenciales del 16 de mayo de 2008. ¿Cómo es posible que el señor Presidente permita que encumbrados y recalcitrantes funcionarios de su administración devenguen emolumentos mensuales hasta seis veces superiores al suyo? Pero la cosa no termina ahí. Los más avispados, están maquinando pensiones vitalicias que, suponemos, hasta podrán ser heredadas por sus sucesores, cuando inevitablemente o afortunadamente para los contribuyentes, pasen a mejor vida. Al parecer, nuestro mandatario, ocupado en su afán de reelegirse y de no dejar pasar una oportunidad de inaugurar algo, por intrascendente que fuera, no se percata del accionar taimado de los mismos, que si no son detenidos lo conducirán irremediablemente a una derrota anunciada, parodiando el título de la obra de García Márquez.

Nuestros legisladores sólo tienen tiempo para ocuparse de indagar todas aquellas iniciativas o decisiones que toman otras cámaras legislativas en otros países, sin importarles que aquellos sean más avanzados y que sus legisladores tengan un nivel cultural muy superior al de ellos. Por eso, se las agencian para «premiar» como incentivo el darles un peso (RD$1.00) por cada voto emitido a su favor. Nada más absurdo. Pero lo más aberrante resulta en «graciosamente» repartirse lo que ellos denominan «el barrilito», o «cofrecito», recursos que alegan se utilizan en saldar promesas hechas durante la campaña electoral. Lo contradictorio de este proceder es simplemente injustificado e inadmisible. Se supone que tanto los senadores como los diputados fueron electos para legislar, no para repartir recursos del Estado, por compromisos particulares contraídos. Si los mismos desean efectuar obras de beneficencia o humanitarias por compromisos de campaña, hechos para comprometer el voto, deberán hacerlo de sus propios recursos y no de los contribuyentes.

Las pensiones han sido objeto de críticas, ya que la inflación y la devaluación de nuestra moneda, desde el tiempo que se aprobaron a la mayoría de los funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas, en la generalidad resultan irrisorios los montos asignados, y aunque éstos protestan y han exigido la revalorización de las mismas, las autoridades monetarias alegan que no hay los suficientes fondos para aumentarlas. Sin embargo, cuando se trata de los «funcionarios asalariados privilegiados», sus respectivos organismos no escatiman esfuerzos ni se oponen a pensiones vitalicias por encima de los cuatrocientos mil pesos mensuales. Cuando un pensionado que recibe mil doscientos pesos mensuales y hasta menos lee esto en la prensa se pregunta ¿Y el Presidente, jefe del tren administrativo, no se opondrá a este hecho vergonzoso e insultante para todos los dominicanos?

Una pensión se le debe otorgar a los empleados que después de más de veinte años de labor en el Estado o en el sector privado califiquen para ello, conforme a la retribución que percibían. Es más, creemos que sólo deben ser sujetos de pensión, aquellos que no tienen un patrimonio que les permita vivir sin producir el resto de sus vidas. Cuando se lee por ejemplo la lista de pensionados del Banco Central, se encuentran beneficiarios que no las necesitan y segundo que las obtuvieron valiéndose de privilegios y canonjías.

Las dietas son otra forma de «compensar» retribuciones desiguales. La mayoría de los altos funcionarios tienen asignadas «dietas» para desplazamientos, en la ciudad, al interior o al exterior. Las mismas incluyen alojamiento, manutención, combustible y hasta chofer y vehículo estatal. Cuando deben viajar al exterior pretenden, y casi siempre son complacidos, que el boleto aéreo sea en primera, ya que conforme a su «categoría» no puede hacerlo en clase económica. Lo grande del caso es que muchos de estos «viajeros frecuentes» lo hacen por vez primera.

Creemos que ha llegado la hora de que se revisen los elevados salarios que perciben ciertos organismos autónomos del Estado y que los mismos se correspondan con la situación de precariedad en la que vivimos. No es justo que mientras unos cuantos «super privilegiados» ganan por encima de medio millón y hasta más de un millón, haya dominicanos que tengan que mantener una familia con tres mil quinientos pesos mensuales. Las desigualdades son iguales a las injusticias y pretendemos vivir en un Estado de derecho. Cómo decía el profesor Bosch: «O jugamos todos, o rompemos las barajas».