Como la participación de expolicías y exmilitares en el sicariato viene de viejo, dudo mucho que sea ahora cuando el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, lo esté descubriendo, y lo mismo puede decirse de la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quien ayer dijo estar preocupada por su activa participación en la industria local de los crímenes por encargo, que ya no se limitan –lo que tampoco es una novedad, mi querida Yeni– a ofrecer servicios al narcotráfico y sus violentos ajustes de cuentas. Por eso no han sido pocos los que han interpretado las declaraciones del doctor Domínguez Brito como un reavivamiento de las tensiones entre el Ministerio Público y la Policía, que por supuesto en nada contribuyen a mejorar el clima de inseguridad y violencia en que vivimos por culpa de la desbordada delincuencia. Si esas “preocupaciones” están destinadas a presionar a la Policía para que endurezca sus acciones frente al fenómeno del sicariato es de justicia señalar que la institución ya emprendió, por su propia iniciativa y al margen de los tribunales, una feroz cacería en la que han caído abatidos varios supuestos sicarios en intercambios de disparos en los que, como siempre, nadie ha creído. Pero tanto los representantes del Ministerio Público como la Policía deberían saber que salir a matarlos no resolverá el problema del sicariato mientras en este país estén abiertas, y en plena producción, tantas fábricas de asesinos por encargo, bien sea que funcionen en la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, donde los futuros gatilleros se familiarizan con el manejo de las armas y aprenden el oficio de matar, o en nuestros barrios marginados, donde agoniza una juventud sin oportunidades ni esperanzas.