El caso Gurtel, uno de los casos de corrupción más controvertidos de la actualidad española, mantiene al Partido Popular (PP) en ascuas, y al presidente de la Generalitat valenciana, uno de los supuestos implicados, al borde de concluir su brillante carrera política. ¿Qué acusación pesa sobre este político?
Al señor Francisco Camps, se le acusa de haberse aviado de tres trajes y algunas corbatas, quizás alguno que otro pañuelito, que fueron pagados por un contratista favorecido por su gobierno, el Sr. Correa, a quien se le otorgaron obras millonarias. En el escándalo hay altos mandos del PP. Pero el del presidente Camps, hasta ahora, no pasa de ser un delito del buen vestir a costa de una empresa favorecida por su gestión.
Los jueces ibéricos consideran que hay suficiente pruebas para llevarlo ante los tribunales. ¡Ha violado la ley! Es delito recibir regalos mientras se ejerce un cargo público.
He seguido, por contraste y por admiración, el desenvolvimiento del caso Gurtel. Es admirable percatarse de cómo un país, con un historial de corrupción nada envidiable, está decidido, y se ha provisto de los mecanismos judiciales para lograrlo, a no tolerar que sus funcionarios y sus empresarios prosperen desfalcando el tesoro nacional.
El PP ha aprovechado la cobertura mediática no para acusar a los medios, sino para excusarse, remover de sus cargos a algunos de los acusados, pedir que siga la investigación y, no podía faltar entre los de su oficio, explicar con eufemismos y argumentos circulares la inocencia de algunos de los enjuiciados. Pero cuando excusan lo inexcusable, se les ve tensos, sudorosos y avergonzados. Muy lejos de la frescura y desparpajo que se exhibe entre nosotros.
Cuando al país se le ofreció, bien documentadas, las que parecen ser pruebas irrefutables de una gestión administrativa al margen de la ley, el gobierno las redujo -en un almuerzo que terminó con la boca abierta- a una metáfora sobre cocineros prestados y a la gastada muletilla de no hay pruebas. Parece ser que a nuestros dirigentes se les puede aplicar la greguería de Ramón Gómez de la Serna que dice: El camello es el animal más orgulloso de la creación, orgulloso hasta de su joroba.
Como respuesta mediática, el gobierno mueve sus inservibles dependencias anticorrupción, brazos atrofiados de una promesa incumplida, y lleva a la justicia a un desfalcador de segunda categoría, para seguir cruzando el río del escándalo con el antifaz puesto y las bolsas repletas a sus espaldas.
En Valencia, el Ministerio Publico cumple con su deber en el Caso Gurtel haciendo galas de independencia y civilización.
Pero en esta ocasión, para un primer optimismo en el desastre nacional, la sociedad ha reaccionado de una manera que, pienso yo, debería asustar a los políticos. Anuncia que algo parecido, aunque en ciernes, a lo de España puede suceder aquí. La juventud, los empresarios, los intelectuales, algunos políticos y la Iglesia- siempre oportuna- están cerrando filas y tomando acciones concretas para erradicar la impunidad.