Para el Tribunal Constitucional resulta muy cómodo resolver de un plumazo un problema casi centenario, con graves implicaciones humanas y raíces creadas por la irresponsabilidad de nuestros gobernantes y la conveniencia mercurial de las industrias azucarera y de la construcción.

El problema de los dominicanos descendientes de haitianos ilegales pero radicados aquí toda su vida, sin importar el número, no lo crearon ellos y por eso es injusto pretender cobrarle las faltas de sus progenitores, aunque lo quiera el más santo, patriota y legal de los tribunales.

Si el flamante TC quería encontrar culpables de una situación migratoria irregular, debió empezar condenando a los gobernantes y traficantes que, desde Trujillo, auspiciaron la importación masiva de haitianos para abaratar el costo de la industria azucarera y las construcciones oficiales y privadas.

Resulta cuesta arriba aceptar que personas nacidas, registradas, criadas y educadas aquí, sin ningún vínculo con Haití ni conocimiento del creole, se vean de repente convertidas en apátridas en su propio país con todos los prejuicios y consecuencias jurídicas que entraña esa condición.

Cualquiera pudiera pensar que la draconiana sentencia tiene algo de retaliación por las prohibiciones de importación de Haití contra varios productos alimenticios que se introducían al vecino país sin el pago de impuestos, beneficiando así a grupos de comerciantes de ambos lados de la frontera.

Otros más atrevidos consideran que se ha pretendido dañar la imagen internacional del presidente Danilo Medina quien disfrutaba, hasta que se desató el lío, además de una favorable imagen a lo interno del país, de una proyección internacional que competía con la de Leonel Fernández pese al poco tiempo que lleva en el poder.