El delito ecológico es definido como el resultado de aquellas acciones de personas físicas o jurídicas que afectan al medioambiente en sentido general.

En la República Dominicana, los más recientes crímenes contra los ecosistemas han sido los casos de la Reserva Forestal Loma Novillero, ubicada en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, y los incendios en el Parque Nacional Valle Nuevo, en La Vega y que abarca otras demarcaciones del país, en franca violación a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Loma Novillero

En el año 2020, Loma Novillero tuvo que ser intervenida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a los niveles de deforestación en esa área protegida limítrofe con Yamasá. Decenas de árboles fueron cortados, acciones por las cuales se señalaron a altos mandos militares y empresarios como los supuestos responsables.

Las autoridades ambientales, dirigidas en ese entonces por el fallecido ministro Orlando Jorge Mera, construyeron un destacamento en el lugar para mantener vigilada la zona.

Valle Nuevo

En otros casos, el fuego que se mantuvo por más de 10 días en Valle Nuevo, obligó a que las autoridades cerraran el lugar para el público, también fue provocado por manos criminales. Pero este evento se sumó luego de otros incendios en Bahoruco. Por ambos siniestros, el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), capitán de navío René Rodríguez, reveló que 27 personas han sido detenidas y serían procesadas judicialmente.

Sin embargo, los ataques contra el medioambiente son cada vez más comúnes en la República Dominicana. En los últimos años, miles de personas han sido detenidas en igual cantidad de operativos ejecutados por el Senpa, entidad facultada para la aprehensión de aquellos que violen lo establecido en las leyes.

Esto se debe a que el 98 % de los siniestros son provocados por manos humanas con diferentes propósitos, que incluye el conuquismo. Pero además muchas personas han sido detenidas por operar ilegalmente retroexcavadoras para la extracción de materiales en los ríos.

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Diferentes sectores, incluyendo medioambientales, se han quejado por lo «débiles» que son las sanciones que presenta el artículo 183 de la Ley 64-00. Y de que en mucho de los casos las consecuencias de los delitos ambientales no pasan de imposición de multas de 500 pesos.

Este lunes, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, recordó que esa entidad no permitirá que en áreas protegidas se realicen trabajos agrícolas. Y aseguró que, aunque no quiere incendios, la institución está preparada con unos 300 bomberos forestales para enfretar cualquier siniestro que pudiera presentarse en estos meses, que es la época de mayor incidencia de los fuegos en el año.

La Reserva Forestal Loma Novillero es de vital importancia para el recurso agua, que alimenta cuencas de ríos como el Haina, Isabela y Ozama. Además, esta zona es limítrofe con Yamasá, donde nacen aproximadamente 20 ríos y arroyos.