El día 9 de septiembre el presidente de la Junta Central Electoral, mediante nota de prensa, comunicó al país que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le había notificado la revocación de las visas de sus pasaportes personal y oficial. Las políticas para la revocación o no otorgamiento de visado, en general, son de orden público; en las razones que aplican a un caso concreto, es su política no anunciarlo.
Lo que llama la atención es el interés que ha tenido el propio afectado en dar a conocer su nuevo estatus migratorio frente a los EE. UU. ¿Será que quiere apoyo del Estado dominicano para que sea reconsiderada esta decisión? ¿Será que quiere encarnarse como víctima de las presiones extranjeras? ¿Será que se ocupa en influir en la decisión del Senado que pronto se dispondrá a designar los jueces del tribunal electoral?
Creo que a los dominicanos nos debe preocupar más la eventual designación de jueces probos, técnicamente preparados y comprometidos con la transparencia, antes que convertir en una cruzada nacional la revocación de un privilegio. Los países soberanos, sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, influyentes o dependientes, lo son en tanto actúan con madurez y respeto, primordialmente por sus propias leyes. Las poses de victimización dan una pésima señal para aquellos países que pretenden ser tomados en serio en la comunidad internacional. Es más que obvio que Roberto Rosario tiene maneras personales para recurrir el hecho ante las autoridades norteamericanas, y que dista mucho de ser una crisis diplomática.
Actuar con madurez es no dejarse arrastrar por un falso debate. La visa es una historia que responde a una forma muy particular del presidente de la JCE de manejarse con todo lo que tiene que ver con los temas públicos. Lo que es importante es evaluar si Roberto Rosario ha acumulado méritos institucionales para continuar en el cargo: ¿Ha usado los recursos del Estado de forma efectiva, transparente, legal? ¿Ha cumplido en letra y espíritu con las leyes de contrataciones? ¿Ha garantizado derechos fundamentales? ¿Ha organizado elecciones en las que su voz ha sido de autoridad por encima de la vocinglería típica de los certámenes electorales? ¿Ha fomentado métodos de gerencia modernas en la institución? ¿Ha sido flexible y conciliador ante los conflictos propios de un alto cargo público? ¿Ha actuado con la prudencia de Salomón, con el sentido de equidad y justicia? ¿Sus acciones públicas son estridentes o discretas? ¿Se sabe responsable ante la demanda de servicios y atención del ciudadano o se cree por encima de ellos?
Esas y otras preguntas directamente vinculadas con el mandato recibido por un funcionario del tribunal electoral son las que nos deberían ocupar. Las historias de visados, las estridencias mediáticas, y el no tener visa no son los temas de un país soberano, pujante y decidido a entrar con pantalones largos a la era de las instituciones fuertes, única verdadera garantía de soberanía. Con argumentos concretos, discutamos si el Senado debe ratificarlo en el puesto. No sea que por no ceder ante presiones extranjeras nos olvidemos que los países adultos son más fuertes ante las presiones externas.