Hoy 
POR CLAUDIO CABRERA
Vueltas tras vueltas, la crisis recurrente del sector eléctrico trae locos a los dominicanos, quienes observan impávidos cómo resulta imposible encontrar una solución adecuada a un problema que aparenta ser tan complejo como difícil de resolver.
Un estudio efectuado por las autoridades a través de la Superintendencia de Electricidad, ha sido concluido y está bajo análisis por parte de las instituciones oficiales que inciden en este sector, lo cual conducirá en breve a la adopción del primer proyecto de subsidio focalizado para favorecer a los consumidores de energía más pobres del país.
De esta forma, el sector eléctrico dominicano, que ha atravesado por un proceso de transformación que lo llevó desde un asunto verdaderamente complicado por las dificultades que en primer término exigía una reproducción ampliada de la generación y de su sistema de redes, se ha rezagado hasta el punto de volverse todo un manojo de acertijos y problemas.
Décadas después de haber emergido la crisis creciente en el sector, pasando por una reforma que fue pensada para acabar con los apagones y atraer la inversión privada, todo parece volver al origen.
El fracaso del proceso de privatización en su primera fase, empujado en gran medida por factores externos con los que no contaban, ni aún pueden contar, las autoridades, ha puesto a retroceder al sistema eléctrico del país al momento en que todo comenzó en el año 2000 cuando despegó la reforma.
Sin embargo, por la forma en que se perfila lo que vendría a ser «la reforma de la reforma», tanto las autoridades como las empresas que comienzan a adentrarse en el mercado, podrían contribuir a superar muchos de los errores que se cometieron en el pasado, habidas cuentas del desconocimiento de lo que significaba un proceso de tamaña privatización.
De hecho, los apagones han vuelto por sus fueros con alargamiento de hasta 18 horas diarias y grandes déficits acarreados en el suministro, calculados en más de 700 megavatios.
En un momento dado a principios del pasado mes cuando arrecieron los apagones, el superintendente de Electricidad, ingeniero Francisco Méndez, admitió la falta de dinero como un factor causante de los apagones, en vista de que las distribuidoras no disponían de fondos para comprar más energía a los generadores.
En tanto, las empresas generadoras y distribuidoras, las famosas Edes, momentáneamente en manos estatales, parecen concluir en que su participación en el sistema de generación y suministro bajo los actuales esquemas, ha llegado a su fin.
Para las generadoras, los impagos en que han incurrido las autoridades han acarreado la falta de liquidez para poder hacer frente a sus compromisos, entre los que la compra de combustible es el factor más evidente.
Acorde con estudios al respecto, el gobierno mantiene hasta ahora deudas acumuladas por el orden de los US$266.0 millones con los generadores, lo que implica el 60% de las deudas y atrasos mantenidos por las autoridades, lo cual les impide efectuar compras oportunas de combustibles. Según explican, de ahí una importante razón para los apagones.
No obstante, estudiosos economistas y especialistas del sector consideran que los generadores han sido víctimas de la crisis que vino desde fuera y aún persiste, resultante en la carestía de los combustibles.
Para el caso de las empresas distribuidoras, el problema se ha complicado hasta tal punto de cortar los pagos a muchas generadoras, creando una doble crisis que afecta a generadores y distribuidores a la vez, poniendo al desnudo la gran debilidad institucional de las autoridades en el área eléctrica para poder regular debidamente la participación de ambos vectores decisivos en el sistema.
El propio superintendente de Electricidad, ingeniero Méndez, al iniciar su gestión en agosto pasado, reconoció esta situación, por lo cual ha decidido institucionalizar con apoyo del gobierno a esa dependencia para que juegue plenamente su papel.
A su vez, funcionarios principales para la región de América Latina y el Caribe como Guillemo Perry, economista de la agencia mundial, así como Lucio Monari, especialista en asuntos energéticos de la entidad, coincidieron en la necesidad del fortalecimiento del marco institucional de regulación del sector eléctrico.
DE VUELTA AL ORIGEN
Para el gobierno central el asunto no puede resultar más peliagudo. Mensualmente, según confiesa el propio secretario Técnico de la Presidencia, ingeniero Temístocles Montás, el gobierno extiende subsidios por US$30.0 millones, es decir a la tasa actual del dólar de unos RD$900.0 millones.
En gran medida, la situación se debe a las pérdidas en que incurren las empresas distribuidoras, que fueron acicateadas por las constantes alzas del dólar en el mercado, obligándolas a no servir la energía que cobraban, en compensación, muchas veces a los usuarios.
No obstante la gravedad que expone el sector, hasta el momento solamente una agencia internacional, el Banco Mundial, está dándole apoyo al sistema eléctrico dominicano a través de un financiamiento que inició durante el pasado gobierno y que tiene previsto desembolsos por US$100.0 millones para el próximo 2005. Otros financiamientos están siendo diligenciados por las autoridades, según lo informado.
Aunque no se ha descartado una participación complementaria del BID, el asunto no está aún totalmente decidido, en vista de que las autoridades formulan la extensión de los programas con el Banco Mundial para obtener más fondos que los ya programados para reformar al sector.
A la luz del letargo en que aparentemente ha caído la crítica situación del sector eléctrico, se espera una mayor intervención de las agencias financieras desde el exterior, mientras el gobierno se prepara para iniciar un nuevo proceso de privatización, tal como lo requiere el marco del acuerdo con el Banco Mundial.
