POR GEOFF DYER
En Shanghai

DVD falsificados y un renminbi devaluado han sido los puntos principales de discusión en Estados Unidos sobre el auge de la economía china. Pero otro asunto está aumentando la presión en EEUU: una ley nueva que busca impulsar los derechos de empleo de los trabajadores chinos y darle mayor influencia a los sindicatos.

Mientras que la ley fue debatida a puertas cerradas por los legisladores en Pekín la semana pasada, y la versión más reciente sigue siendo un secreto, la ley está sujeta a una guerra de palabras que crece en EEUU entre los grupos de negocios y los sindicatos que no están satisfechos con el traslado de empleos a Asia.

La semana pasada, United Steelworkers (USW), una de las mayores uniones de trabajadores industriales, salió a favor de la ley y acusó a los grupos de negocios de EEUU de tratar de bloquear las reformas.

Leo Gerard, el presidente de la USW criticó lo que él llamó la “campaña inmoral” de la Cámara Americana de Comercio “por socavar los derechos de los trabajadores chinos”.

Como señal de una relación cada vez más compleja entre dos países con economías estrechamente vinculadas, pero sistemas políticos ampliamente diferentes, los partidarios chinos de la ley incluso han recorrido EEUU para recabar opiniones.

Lin Cheng, un profesor de leyes de la Universidad Normal de Shanghai, visitó a miembros del Congreso y sindicatos el mes pasado. “Les dije que los grupos de negocios solo quieren mantener sus  maquilas para proteger su estrategia de precios bajos”, dijo a su regreso.

Los grupos de negocios niegan que estén forzando a China para que debilite su legislación. La oficina de Amcham en Shanghai insistió en que “nunca ha cabildeado en contra, y que no está cabildeando contra el borrador del la ley de contrato laboral”.

Aparte del furor en EEUU, el proyecto de ley es un problema delicado en China. El gobierno ha prometido reducir la desigualdad en los ingresos y sus partidarios dicen que 200,000 chinos enviaron sus opiniones sobre el primer borrador de la ley laboral, una señal de intenso interés público.

Sin embargo, los políticos no desean desalentar la inversión de las compañías en sectores como los textiles, algunos de los cuales ya están desplazando su producción hacia Vietnam y Bangladesh debido a los crecientes costos laborales.

La nueva ley laboral está destinada, en principio, a impedir el abuso con los trabajadores migrantes, mediante el establecimiento de contratos de empleo más rigurosos, y dándoles más voz a los sindicatos.

Los partidarios dicen que reducirá el número de personas empleadas como personal temporal vulnerable, pero las compañías alegan que dificultará demasiado el despido de los empleados.

Cuando el primer borrador el año pasado se dio a conocer, provocó la oposición de grupos de negocios extranjeros, que argumentaron que era un regreso al “tazón de arroz de hierro” comunista de empleos y beneficios garantizados, y que podría desinflar la inversión extranjera.

Desde entonces, los grupos de negocios occidentales han moderado sus críticas públicas y en un segundo borrador publicado en diciembre diluyeron algunos preceptos laborales.

 “Junto a otros muchos negocios, adelantamos nuestra posición y el gobierno escuchó”, dice el jefe los grupos de negocios occidentales.

Pero las compañías multinacionales que operan en China siguen preocupadas.

Una encuesta con 436 compañías realizado este año por la firma legal Baker & MacKenzie y los consultores Hewitt Associates encontró que más de la mitad pensaba que la ley tendría un impacto “muy negativo” o “negativo”.

Mientras que algunos de los términos precisos de la nueva ley siguen siendo ferozmente refutados, hay dos áreas mayores de debate. Amcham y la Cámara Europea de Comercio dicen que la violación laboral en China se debe a la pobre implementación de las reglas existentes, en lugar de a la ausencia de leyes. “La crítica mayor que tengo, personalmente, es que ellos están tratando de usar la nueva ley para resolver un problema político”, dice Andreas Lauffs, un socio de Baker & McKenzie.

Los partidarios aceptan que esto es un problema, pero dicen que una ley mejorada sería más fácil de implementar. “El objetivo de la ley nueva es incrementar el costo de la violación”, dice el profesor Liu

El otro problema tiene que ver con la federación oficial sindical china, la Federación de Sindical de Toda China (FSTC).

Dicen los ejecutivos de la industria que ellos están reacios a ver que la FSTC gane más poder, porque, de hecho, es una filial del Partido Comunista.

Después de la masacre de la Plaza Tiananmen en 1989, los sindicatos extranjeros adoptaron una visión similar y cortaron los vínculos.

Sin embargo, cuando la economía china se hace más importante, la FSTC ha ganado alguna credibilidad, en especial, desde su exitosa campaña con la apertura de  ramas sindicales en los comercios Wal-Mart en China.

VERSIÓN AL ESPAÑOL DE IVÁN PÉREZ CARRIÓN