POR  JEFFREY ROSEN
Algunos debates están tan polarizados, donde las posiciones en competición están tan seguras que sería peligroso cualquier compromiso, que es difícil imaginar que surja cualquier postura intermedia.

La discusión sobre cómo enjuiciar los 14 presuntos terroristas que se transfirieron recientemente de prisiones de la CIA a custodia militar en la Bahía de Guantánamo en Cuba, parece ser uno de ellos.

En un lado está el gobierno de Bush, que la semana pasada propuso que a estos sospechosos, a los que calificó de los más peligrosos en la guerra contra el terrorismo, se les debería seguir juicio en comisiones militares bajo procedimientos que la Casa Blanca pidió al Congreso que respalde.

En la propuesta de Bush, los juicios no se parecerían a ninguno civil ni a las cortes marciales que se realizan en Estados Unidos. Se podrían admitir como evidencia los testimonios de oídas, así como la obtenida bajo coerción o coacción. Y se les podría negar acceso a evidencia secreta a los sospechosos, aunque se le revelaría a sus abogados defensores militares.

En el otro lado de este debate están los libertarios civiles que insisten en que los sospechosos de terrorismo no pueden tener juicios justos a menos que se les brinden las protecciones de una corte marcial común, incluido el derecho a excluir testimonios de oídas y evidencia obtenida bajo coerción, así como el derecho a ver la evidencia en su contra.

Así es que, ¿qué es un juicio justo, y qué tantos debidos procesos requiere? ¿Puede un tribunal que carece de algunas de las protecciones que los acusados militares exigen comúnmente juzgar a los presuntos terroristas? Es bastante sorprendente que no se trate de un debate sobre lo que requiere la ley. Sin llegar a refrendar castigos crueles y excepcionales para los terroristas, el Congreso puede establecer cualquier comisión militar que quiera.

“Es casi seguro que la propuesta gubernamental, si la adopta el Congreso, será aceptable para la Suprema Corte”, dijo Peter Spiro, quien imparte cátedra de legislación internacional en la Universidad Temple. “Es posible que el Congreso no tenga total carta blanca, pero en el caso Hamdan en junio pasado, cuatro de los magistrados que votaron contra las comisiones enfatizaron que el Presidente siempre podría regresar al Congreso para obtener la autoridad que deseara”. El tema, entonces, es más sobre el tribunal de la opinión pública: cómo se percibiría un juicio, sin los derechos procesales habituales, en Estados Unidos y el extranjero.

Inevitablemente, las comisiones militares, sin importar la forma que adopten, serán comparadas con los juicios de Nuremberg, durante los cuales se brindó un debido proceso a los acusados nazis de crímenes de guerra, hasta cierto punto.

“En Nuremberg, no se excluyó a los abogados de los acusados de las evidencias secretas ni de procedimientos cerrados, aunque no hay seguridad en cuanto a qué tanto acceso físico a las evidencias tuvieron cada uno de los acusados en lo individual”, dijo John Barrett, quien imparte cátedra en la escuela de leyes de la Universidad St. John. “No se excluyeron formalmente los testimonios de oídas ni las evidencias obtenidas con métodos coercitivos con los estatutos de Nuremberg, pero los interrogadores estadounidenses no hicieron cosas rudas como hacer sentir al sospechoso que se estaba ahogando; aunque pudo haber habido algún indicio de que la norma relativa a la coerción se toparía con problemas”.

Muchos quieren que Estados Unidos cumpla con esta norma de Nuremberg, ya que creen que le dio autoridad y credibilidad durante el siguiente medio siglo para servir como modelo mundial de un debido proceso.

“Los juicios no deberían diferir en lo fundamental de las disposiciones de juicio justo en cualquier juicio, en especial cuando se tiene el potencial de la pena de muerte o de cadena perpetua”, dijo Richard Goldstone, el fiscal en jefe sudafricano de los tribunales penales internacionales de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia y Ruanda. “Excluir al acusado de cualquier parte del juicio, o no mostrar evidencia al acusado, me parece, bajo cualquier norma civilizada, fuera de lo que es aceptable”.

Agregó: “La otra disposición objetable es que la evidencia se pudiera admitir aun si se obtuvo bajo coerción o tortura”.

Sin embargo, otros eruditos en temas jurídicos dicen que es una época diferente. Para empezar, señalan que la guerra no ha terminado. “En una situación de guerra, las comisiones internacionales con frecuencia usan los testimonios de oídas siempre y cuando sean confiables”, dijo Jack Goldsmith de la escuela de leyes de Harvard, quien presidió la Oficina de Asesoría Jurídica del presidente Bush.

Otros eruditos que defienden al gobierno argumentan que no se puede comprometer la seguridad nacional.

“El tema del acceso a información secreta es crucial”, dice John Yoo, quien ayudó al gobierno de Bush a redactar una versión anterior de las comisiones propuestas y quien ahora enseña leyes en la Universidad de California en Berkeley. En su libro nuevo, War By Other Means (La guerra por otros medios), Yoo argumenta que en el primer caso de la bomba en el World Trade Center en 1993, los fiscales tuvieron que darle a la defensa una lista de 200 coconspiradores no acusados. La lista, escribe, fue “entregada a bin Laden” y “después se encontró durante la investigación de los bombazos contra la embajada africana”.

Los republicanos en el Congreso están negociando ahora una serie de compromisos con el gobierno de Bush. Las comisiones militares podrían funcionar más apegadas a la norma de Nuremberg, pero se le daría al gobierno parte de la autoridad que busca. Por ejemplo, una propuesta permitiría el uso de testimonios de oídas y evidencia obtenida por medios coercitivos que no fueran tortura, en tanto que se negaría permitir la utilización de evidencia no revelada al acusado.

¿Podría esto satisfacer a los críticos? Algunos expertos en temas jurídicos indican que un juicio realizado con base en estas ideas podría tener legitimidad internacional así como que reuniría las normas básicas de un debido proceso. Incluso Goldstone, el principal fiscal de los tribunales de Naciones Unidas, dice que abandonar el uso de evidencia secreta removería la parte “más objetable” de la propuesta.

Spiro de la Universidad Temple está de acuerdo. “La propuesta de los republicanos moderados se acercaría mucho más a satisfacer la opinión internacional, y en parte debido a que proviene del Senado y no del gobierno”, dijo.

No obstante, la atmósfera del juicio, y el hecho de que los acusados enfrentan la pena de muerte, podrían dificultar más que sea aceptado internacionalmente el veredicto.

“Guantánamo ahora es un reclamo unificador en Europa, así es que cualquier juicio que se lleve acabo ahí estará manchado por ese solo hecho”, dijo Spiro. “El gobierno haría bien en permitir que se televisen los procedimientos judiciales para evitar la imagen de un juicio montado”.

Sin embargo, los procedimientos televisados podrían darles a los acusados una plataforma política para secuestrarlos. “Siempre existe el peligro de que esto degenere en un circo político”, dice Goldsmith. “Slobodan Milosevic usó el juicio en su contra como una plataforma política, y Saddam Hussein está haciendo lo mismo. Entre más derechos procesales se concedan al acusado, más se le permite continuar la guerra por otros medios”.

Goldsmith dice que el debate sobre lo que requiere un juicio justo continuará en cada etapa de los juicios contra terroristas: desde las acusaciones iniciales a los juicios mismos, hasta las apelaciones ante la Suprema Corte, camino que sigue cualquier sentencia a pena de muerte. “Se tiene que sacrificar una cosa por otra”, dijo. “Se puede poner freno al acceso, pero se haría con el costo de la percepción de justeza, y es muy difícil encontrar el equilibrio correcto entre justedad y control”.