La advertencia de la procuradora general de la República, Miriam Germán, de que por una cuestión de principios el Ministerio Público debe cuidarse de no actuar a la ligera sino con «objetividad, templanza, prudencia y sentido de justicia» ocupa en este momento una de los platillos de la balanza con la que continuamente conviene sopesar a la justicia en atención a las insatisfacciones que un sector de ella causaba a la sociedad en el pasado.

En la contraparte de los platillos figuran las alarmas encendidas por su cercana encargada de persecución, Yeni Berenice Reynoso, que cree que los tribunales le están fallando a la lucha contra la corrupción y por Participación Ciudadana, que percibe intentos de frustrar los esfuerzos contra ese mal.

El alerta de quien preside el órgano de las políticas contra la criminalidad, ahora independiente, es originada, al menos parcialmente, en su convencimiento de que «innumerables presiones pretenden desmeritar (la labor del Ministerio Público) con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito» a las que suele recurrirse para una «especie de defensa anticipada».

La explícita línea dura de su adjunta, que no anduvo por las ramas en su navegación por Twitter al calificar la jurisprudencia de la corrupción de «vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil y deficiente» ocurrió tras el último capítulo de una insistente repetición de sentencias favorables a acusados puestos ante jueces bajo el peso de gruesos expedientes, resultando verosímiles las preocupaciones por la ausencia casi total en la historia dominicana de sentencias definitivas en esa materia.

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Caso del asesinato del profesor universitario Yuniol Ramírez que en la visión llevada al juicio por la parte acusatoria se trató de la obra criminal de varias personas con fuertes vínculos y motivaciones en común y no de las dos únicas condenadas. Las juezas actuantes alegaron debilidades y fallas en la formulación de cargos coincidiendo en importantes aspectos con los familiares de la victimas enfáticamente quejosos de los fiscales.

Los alegatos de deficiencias en expedientes no son la excepción y ya antes la actual procuradora general, viendo las cosas desde su condición entonces de presidenta de una cámara penal de la Suprema, llegó a predecir el fracaso de los cargos levantados por anteriores autoridades ministeriales en el caso Odebrecht que de voluminoso y contundente pasó a lo exiguo y todavía hoy sin resolución judicial definitiva.

De aquellos polvos…

Las indicaciones de que tribunales dominicanos no han andado bien saltaron a la vista pocos años antes cuando el presidente de la Suprema Corte para noviembre del 2015, Mariano Germán Mejía, al formular fuertes incriminaciones a servidores judiciales sostuvo que: «existe una estructura conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares que se dedican a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción».

La tal estructura era, desde su criterio, encabezada por la hoy exjueza Awilda Reyes Beltré, y hasta por el exmiembro del Consejo del Poder Judicial Francisco Arias Valera de la cual habrían formado parte otros cuatros magistrados solo sancionados con la destitución, una parca medida disciplinaria. Respecto de Awilda y Arias Valera, siete años después de ser objeto de investigaciones de claros resultados, la justicia no ha llegado a ninguna conclusión sobre ellos. La primera, libre por completo, y el segundo bajo arresto domiciliario y una hogareña espera inacabable.

Cuando todavía el país no estaba ante impresionantes denuncias de corrupción lanzadas por el prominente jurista Germán Mejía, su predecesor en la presidencia de la alta corte, Jorge Subero Isa, había propuesto con fines preventivos que la función de «inspectoría» sobre funciones de los tribunales fuera elevada a la categoría de «auditorías judiciales que impliquen no solamente los roles internos sino también el gerenciamiento de todo el aparato y la estructura judicial». Una persistencia con efectividad de la vigilancia que todavía no existe.

Sistema debilitado

En la historia reciente de las influencia políticas distorsionantes sobre el sistema judicial resaltan dos imborrables intromisiones sobre la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia con imposición de directrices. En el primer caso, el prestigioso jurista Julio Aníbal Suárez fue impedido de continuar como miembro de la alta corte en el 2017.

Su pecado: tener en su aval el haber defendido la aplicación de la ley en contra de dos préstamos suscritos por la empresa Sun Land considerados inconstitucionales y cuestionados éticamente por la forma en que fueron aplicados con la complacencia del Partido de la Liberación Dominicana.

De reconocida pulcritud en el ejercicio del derecho, Suárez fue defensor de los derechos humanos asistiendo víctimas de crímenes y atropellos de los primeros doce años del gobierno balaguerista. Su interrumpida presencia en la Suprema Corte fue descrita por el ya fallecido Hamlet Herman, catedrático, escritor y exguerrillero, como sacado de su rol por ser «un estorbo ahora para los politiqueros que veneran a Balaguer y lo consideran padre de la democracia dominicana».

En otra embestida escandalosa de intereses de poder y partidarios la hoy procuradora, Miriam Germán, fue lapidada en un proceso de evaluación de jueces del 2019 en el Palacio Nacional por quien fuera su predecesor en la dirección del Ministerio Público, hoy encarcelado y pendiente de juicio por alegados casos de corrupción mayor, Jean Alain Rodríguez.

Lanzó sobre Miriam acusaciones basadas en grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas y manejadas con manipulación e invocando una carta anónima para denostarla, lo que disparó una ola de mensajes a su favor por las redes sociales. Sus colegas del derecho consideraron que la entonces aspirante a permanecer en la alta corte fue víctima de un trato inadecuado y humillante. El Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el mandatario del momento, Danilo Medina, selló el proceso con una virtual expulsión de Germán de la Suprema Corte.