POR CLAUDIO CABRERA
A pesar de la necesidad de que el país mejore su sistema tributario, compense a los productores dominicanos y de la necesidad de entrar a la asociación comercial con Centroamérica y Estados Unidos a través del esquema RD-Cafta, el proyecto de reforma tributaria pasó a convertirse en la pieza mayor debatida a nivel parlamentario, debido a la inseguridad de sectores que consideran sus intereses serían afectados.

El proyecto presentado por el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional, el cual, entre otras motivaciones, resalta la necesidad de «compensar ingresos y satisfacer demandas empresariales para garantizar la competitividad», comenzó a ser atacado por algunos sectores que lo estiman como inflacionario.

No obstante, desde antes de ser entregado a los legisladores, las autoridades venían consensuando el contenido de la pieza con el fin de que los diferentes tipos de gravámenes fuesen asumidos de acuerdo mutuo por la mayoría de sectores envueltos en los debates.

Dicho documento también destaca que con el mismo se procuran correcciones y mejoras de la administración tributaria «para adecuarla a su nuevo rol recaudador», a través de la ley que le otorga la autonomía y personalidad jurídica a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y a la Dirección General de Aduanas (DGA).

Igualmente se busca la «modernización de la normativa tributaria a través de la aplicación del Título I del Código Tributario», el cual está en discusión, pero que posteriormente será sometido.

Aunque al describir las características de dicha reforma, resalta que será para compensar la reducción de ingresos por efecto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y para satisfacer las demandas de los sectores productivos a fin de favorecer la competitividad, enfatiza la necesidad de enfocar los cambios hacia «figuras impositivas de mayor capacidad recaudatoria».

Entre otros, propicia nuevas modalidades para la aplicación del impuesto más importante dentro del sistema recaudatorio del país que es el Itbis, así como del Impuesto Sobre la Renta. Pero agrega que la pieza facilita las actividades exportadoras, estableciendo el reembolso del Itbis.

También, aboga por fortalecer la administración tributaria y sus facultades para ejercer las funciones de recaudación, así como de fiscalización y de cobranza.

Al mismo tiempo, favorece la competitividad a partir d la reducción en los costos de cumplimiento, en tanto se eliminan impuestos de baja recaudación que hacen complejo y costosa la administración. Otro efecto esperado en el proyecto lo es la modernización de la normativa tributaria.

PRODUCTORES LO ANALIZAN

En tanto los legisladores se preparan para empezar los debates en torno a la nueva legislación tributaria, sectores productivos como el agropecuario han comenzado a mostrar puntos de vistas opuestos al paquete fiscal en algunos aspectos. Por esto los productores han iniciado una campaña para favorecer que la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) ponga el nuevo programa de compensación para los agricultores antes de que el tratado RD-Cafta entre en vigencia. En tal sentido llamaron la atención del Ingeniero Amílcar Romero, Secretario de Agricultura.

«Tenemos que evitar que el productor tradicional, así como los nuevos cosecheros dispongan de una protección verdadera y no se deje para después que el acuerdo de libre comercio entre en vigor», sostuvo un productor que pidió reservas de su nombre.

Aunque reconocen la necesidad de que el país adopte una legislación moderna sobre el particular, consideran que en algunas propuestas los alcances que procuran las autoridades en materia de recaudación sobrepasan las necesidades de las arcas estatales.

Esto implica que, según explican, prevalezca mucha presión sobre los tributos, por lo cual consideraron necesario que en el seno del Congreso se arribe a un debate que permita escuchar las diversas propuestas que serán presentadas.

Entre estas hay una de sectores vinculados al área agropecuaria que estiman que debieron ofrecer mayores protecciones al sector, sobre todo, en el caso de rubros agrícolas tradicionales como son los casos del café y del cacao.

En el caso del café, señalan que aplicarle el Itbis a la producción y comercialización podría encarecer de tal manera un producto de consumo extendido hasta el punto de hacer desaparecer la caficultura.

Para algunos caficultores asociados en las diferentes organizaciones, la caficultura cumple una función tanto económica como ecológica, en vista de que su cultivo evita la deforestación total de las zonas altas, principalmente en las montañas, mientras da trabajo a millares de familias en todo el país.

«En caso de que encarezcan los costos por encima de la capacidad de incentivo a la producción -sostuvo un caficultor que mantuvo su nombre en reserva- podría ser que el país tenga mayores facilidades para traer café importado desde países del Sudeste asiático, como Vietnam y otros en que el costo, aún con el flete, podría ser mucho más bajo».

Pero, sostuvo que una de las mayores preocupaciones es que con las medidas puestas en vigor a través de la reforma fiscal para ingresar el país al RD-Cafta, se desmonte una producción importante en varios renglones que lleva ya siglos y que ha beneficiado al país y al campesino tradicionalmente.

Pidió que como caficultor asociado, al momento de analizar la pieza en el Congreso se tomen en cuenta a los productores del grano y que no se les deje quebrar antes de entrar en competencia, para lo cual millares de caficultores ya disponen de ventajas comparativas superiores a las de muchos países.