POR MARIO MENDEZ
La comunidad financiera internacional tiene dudas sobre cuál va a ser la posición final del nuevo gobierno: si se lanzará a una reestructuración de la deuda externa o si mantendrá el servicio en base a los compromisos actuales, trascendió ayer. Sobre esta tema, hay dos posiciones, se explicó.

Por un lado, están quienes se han alineado en una posición de «buena intención», que aboga porque el país siga pagando el servicio de la deuda, aun sea al riesgo de que llegue un momento en que no pueda seguir cumpliendo, ante la realidad de que el nuevo gobierno heredará una economía muy deteriorada, con una situación fiscal muy diezmada, lo cual haría muy difícil sostener financieramente esta estrategia.

Por el otro lado, están quienes favorecen que el país se trace como estrategia la reestructuración, ante la imposibilidad de sostener la amortización del capital y el pago de los intereses en las condiciones actuales.

Entre quienes sostienen esta posición, se plantea que el país debe reconocer su incapacidad para cumplir con el pago de la deuda y que, incluso, si fuere necesario, debe declarar oficialmente un cese de pagos.

Quienes sostienen esta posición plantean que la experiencia indica que todos los países que han podido arrancar buenas concesiones a sus acreedores y han tenido éxito en la reestructuración de su deuda externa, han comenzado reconociendo su incapacidad financiera para cumplir el pago de la amortización e intereses e, incluso, han llegado a declarar oficialmente una moratoria.

En torno a la actitud del Fondo Monetario Internacional (FMI), hay quienes consideran que una reestructuración de la deuda podría lograrse sin romper con el FMI.

Se señala que el FMI no es opuesto a la reestructuración, como lo demuestra el hecho de que cuando se va al Club de París, ese organismo internacional da su apoyo, a pesar de que este club de deudores exige para renegociar sus acreencias con el país deudor, que éste dé igual tratamiento a la deuda contraída con los acreedores privados.

Esto implica, de hecho, un apoyo a la reestructuración de la deuda publica con el sector privado, aunque la decisión final compete al gobierno del país deudor.

Otros consideran que la reestructuración de la deuda externa es el camino menos empedrado para la economía dominicana aún cuando tenga que ser recorrido sin el apoyo del FMI.

Con relación a los demás acreedores, se plantea que la actitud de los organismos multilaterales y de los gobiernos acreedores podría ser flexible, dado la situación heredada por el nuevo gobierno.

Sin embargo, se reconoce que la estrategia de la reestucturación tendría que enfrentar la resistencia tanto de los tenedores de los bonos como de los bancos, a quienes se atribuye adoptar una actitud más inflexible en esta materia.

El presidente electo, doctor Leonel Fernández, había mantenido la posición de que el país debía renegociar su deuda externa, aunque se ha informado que en declaraciones más ofrecientes, ofrecidas en Londres, se distanció de esta posición, lo cual cayó muy bien entre los tenedores de bonos.

No obstante, se explicó que nadie puede asegurar que esta va a ser la posición final del nuevo gobierno, la cual dependerá de las informaciones que reciba la nueva administración sobre el estado de la economía y de la deuda externa.

Quienes favorecen la reestructuración de la deuda externa, plantean que el país debe lograr una posposición de los compromisos actuales para un período de tres años, por lo menos.